Sucesos

Audiencia preliminar realizada en Juzgado de Hacienda, en Goicoechea

Defensa alega inexistencia de delito en caso de Crucitas

Actualizado el 09 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Argumenta que asunto también fue juzgado en otras instancias judiciales

Fiscalía, por su parte, solicitó elevar a juicio a 7 acusados de prevaricato

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Defensa alega inexistencia de delito en caso de Crucitas

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                         La investigación penal por el desarrollo minero en Crucitas de San Carlos  se abrió  en el 2010, cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo pidió analizar la actuación de los funcionarios públicos en el caso. | JOSE RIVERA /ARCHIVO
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La investigación penal por el desarrollo minero en Crucitas de San Carlos se abrió en el 2010, cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo pidió analizar la actuación de los funcionarios públicos en el caso. | JOSE RIVERA /ARCHIVO

La mayoría de los abogados defensores de los siete acusados por prevaricato en el fallido proyecto minero Crucitas, alegaron inexistencia del delito para seguir adelante con el proceso.

El argumento lo expusieron durante la audiencia preliminar, donde se decide si el asunto es elevado a juicio o se dicta un sobreseimiento, diligencia que terminó la semana pasada en el Juzgado Penal de Hacienda, con sede en los Tribunales de Goicoechea.

Por el contrario, la Fiscalía pidió llevar a juicio el caso, al considerar que se cometió el delito de prevaricato, que castiga con prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dicte resoluciones contrarias a la ley o fundado en hechos falsos.

La acusación es contra Roberto Dobles, exministro de Ambiente; Cinthya Cavallini, exjefa del Registro Nacional Minero; Sonia Espinoza, exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), y cuatro antiguos funcionarios de esa secretaría: Eduardo Lezama, Jorge Boza, Carmen Cruz y José Corrales.

La Fiscalía presentó la acusación en noviembre de 2012, luego de que el Tribunal Contencioso-Administrativo anuló, en el 2010, la concesión minera a la firma Industrias Infinito, en Crucitas de San Carlos, al señalar ilegalidades en las autorizaciones otorgadas por el Estado, y pidió investigar la posible comisión de algún delito por parte de los funcionarios públicos.

Descargo. Laureano Castro, abogado de Roberto Dobles, dijo que, durante la audiencia, su defendido declaró a lo largo de una mañana y una tarde, rebatiendo “una por una las acusaciones” que planteó el Ministerio Público.

Explicó que, para la Fiscalía, es delito pedir a la Sala IV una adición y aclaración de una sentencia, derogar un decreto sobre la moratoria minera y firmar otro decreto de “conveniencia nacional” para desarrollar el proyecto minero. “En eso no hay delito”, insistió.

José Miguel Villalobos, defensor de Lezama y Cruz, señaló que la resolución de Setena firmada por sus representados no fue la resolución final y, por tanto, no configura delito, como lo exige la figura del prevaricato.

Mientras tanto, Fabio Oconitrillo, defensor de Sonia Espinoza, insistió en que el tema ya había sido juzgado tanto por la Sala IV como por el Tribunal Contencioso-Administrativo.

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Carlos Arguedas C.

carguedasc@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.

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