En el dictamen emitido en la sesión del pasado 4 de junio, los magistrados pidieron a los legisladores revisar las motivaciones del proyecto y la formación normativa que se propone, pues afirmaron que no resultan coherentes.
La respuesta la emitieron ante una consulta que envió la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que busca reformar el artículo 77 de la Ley de Estupefacientes, sustancias psicotrápicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y su reglamento.
La iniciativa pretende bajar es el mínimo de la pena que ahora es de ocho años de prisión a tres años de cárcel para las mujeres que introduzcan droga a una cárcel, si la imputada es objeto de intimidación por parte de su pareja o si hay presión por la condición socioeconómica de la infractora.
Según el acuerdo de la Corte Plena “en la forma en que se propone el texto, podría no alcanzarse los objetivos del legislador”.