La Corte Suprema de Justicia remite cada tres meses a distintos tribunales una lista de los prisioneros que aún tienen pendiente una sentencia.
Luis Paulino Mora, presidente de la Corte, explicó que esta información se comunica para que los tribunales den prioridad a los casos que quedan rezagados.
El jerarca indicó que Costa Rica es uno de los países con más cantidad de presos por cada 100.000 habitantes.
En el país hay 2.694 reos que no han sido condenados y descuentan prisión preventiva en algún centro de atención institucional.
Sin embargo, Mora aseveró que nuestro país tiene menos presos sin condena en comparación con otros.
“Hay que tomar en cuenta que Costa Rica garantiza mucho los derechos de defensa de los imputados”, añadió.
El presidente de la Corte aseguró que un encargado de la Oficina de Planificación y Estadística del Poder Judicial da seguimiento a los casos pendientes e informa a los tribunales cuánta gente detenida tienen para que se agilice el proceso judicial.
El informe del Departamento de Estado estadounidense, del 2010, señala que un juzgado penal tarda hasta dos años en condenar a un prisionero.
El documento califica esa situación como una violación a los derechos humanos, pues advierte que el atraso en el proceso judicial obliga al reo a mantenerse en prisión hasta que empiece el juicio.
Ofelia Taitelbaum, defensora de los habitantes, aseguro que en justicia pronta y cumplida, Costa Rica está fallando. “Deberíamos de calificar la excelencia de los tribunales”, opinó.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la población con prisión preventiva es la que genera el hacinamiento.
Medidas. Frente a los señalamientos del Informe sobre derechos humanos, el Ministerio de Justicia ha tomado medidas para mitigar el exceso de población y las deficiencias en los servicios de salud en los penales.
Desde el 31 de marzo, la Unidad de Admisión El Roble, en Puntarenas, salió de la lista de cárceles con problemas de sobrepoblación pues se inauguraron 84 nuevos espacios cerrados de mediana seguridad y, además, 192 de baja contención.
El ministro de Justicia, Hernando París, aseguró que en pocos meses estarán listos 594 espacios adicionales en las cárceles de Limón, Pérez Zeledón, San Carlos y San Rafael, Alajuela.
Asimismo, el jueves anterior, París firmó un acuerdo con la ministra de Salud, María Luisa Ávila, para conformar una comisión que evaluará cuáles son las deficiencias en salud que existen en las prisiones y las necesidades de los detenidos.
El informe de EE. UU. advierte que los consultorios de las cárceles están preparados para atender enfermedades de rutina y lesiones, y no para casos complejos como el VIH-sida.
Ávila detalló que en las prisiones hay 63 privados de libertad con VIH y cinco con tuberculosis.
Según el Departamento de Estado, cuando los prisioneros requieren un traslado al centro médico se enfrentan con atrasos en los tratamientos.
Sobre ese tema, la defensora de los habitantes comentó que “no es lógico que el personal de salud dependa de la gente de la cárcel. El clima de tensión ahí hace que los profesionales se incapaciten a cada rato. Las autoridades de la CCSS y del Ministerio deben dar la atención que los privados requieren”.
El informe de la Defensoría de los Habitantes, del 2010, expresó: “La capacidad de los centros penitenciarios para brindar atención médica no basta para hacerle frente a la sobrepoblación”.
Taitelbaum reconoció que, a pesar de todo, ha habido buenas intenciones y voluntad para mejorar ese problema en el sistema penitenciario.