Corte archiva acusación de acoso laboral a magistrado

Con 13 votos a favor y siete en contra, la Corte Plena decidió ayer archivar la denuncia por acoso laboral contra el magistrado de la Sala Segunda Rolando Vega Robert, presentada por los jueces del Tribunal de Trabajo de Goicoechea el 16 de febrero.

La queja señala que Vega hizo una serie de llamadas y envió correos amenazantes a los jueces del Tribunal porque decidieron excluirse del Programa de Gestión de Calidad (GICA), que él impulsa.

Sin embargo, los magistrados apuntaron en la sesión que los hechos descritos en la denuncia firmada por el coordinador del Tribunal, Óscar Ugalde, no configuran el acoso laboral.

El juez Ugalde declaró que la decisión de los magistrados se respeta y no se discute.

Por su parte, el magistrado Vega, quien no estuvo presente en la votación, dijo: “Me queda un sabor amargo de los siete votos que se han plegado a una campaña en mi contra y un movimiento que ha pretendido desestabilizar de manera muy clara todo el programa de gestión de la calidad, desmereciendo los esfuerzos realizados a nivel institucional”.

Informe. Debido a la denuncia, Rolando Vega rindió ayer un informe a la Corte Plena, en el que señaló que el Tribunal se salió de la política GICA de manera “intempestiva e irrespetuosa”, porque nunca se lo comunicaron a él, sino directamente a la Corte Plena.

Además, arguyó que los jueces de ese mismo despacho cerraron las puertas del diálogo porque nunca asistieron a las reuniones convocadas por la Sala Segunda para conversar sobre el programa.

“En todas estas actuaciones no hubo ninguna intención de perseguir a nadie ni mucho menos. Todo lo contrario, ha habido una clara intención de diálogo que fue rehusada por la mayoría de jueces del Tribunal por alguna razón que todavía no alcanzo a entender ni a justificar a la fecha”, indicó.

Incluso, aseguró que las actuaciones de las instancias de control del Poder Judicial en ese Tribunal no responden a un “asunto personal o de persecución”.

“Lo actuado por dichos órganos corresponde a un evidente interés de la institución de atacar la mora y el retraso en la tramitación de los procesos, con el fin de mejorar el servicio público que se presta a los usuarios”, apuntó.

El magistrado Vega asegura que ha existido una campaña de deslegitimación hacia la magistratura y la imagen del Poder Judicial que él ha tenido que enfrentar con esta queja.

Para él, cuando un superior jerárquico solicita explicaciones sobre una situación netamente laboral a sus dependientes, no puede haber cabida para denuncias de este tipo contra los magistrados.

Vega indicó que ha habido acciones de irrespeto, falta de ética y valores e incluso amenazas a la independencia del Poder Judicial, “con la utilización de algunos tentáculos de la política nacional”.

La Corte Plena también acordó que los magistrados Carmenmaría Escoto (Sala Primera), Orlando Aguirre (Sala Segunda) y Luis Paulino Mora realizarán una negociación con el Consejo de Jueces del Tribunal para definir el destino del Programa GICA en el despacho.

Ellos deberán rendir el informe correspondiente con los resultados 15 días después de la notificación del acuerdo.