EscucharLos magistrados de la Corte Plena no quisieron pronunciarse sobre el Proyecto Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, pese a haber sido consultados por la Asamblea Legislativa hace mes y medio.
En una votación ayer, 16 magistrados decidieron no opinar sobre ese proyecto, que se discute en la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa; solo seis dijeron que sí había que emitir un criterio.
Ese plan, elaborado con aportes de la Defensa Pública, se encuentra en primer debate en la Plena Tercera, y pretende regular el uso de la pulsera electrónica como alternativa a la prisión preventiva o como sustituto de una sentencia privativa de libertad.
De aprobarse el proyecto saldrían – previo estudio técnico– los reos condenados por primera vez a una pena de seis años de cárcel o menos; mujeres sentenciadas a seis años de prisión y con hijos menores de 18 años; embarazadas y con hijos menores de 24 meses.
También, se beneficiarían reclusos con enfermedad física, adictiva o psíquica, o con enfermedades que no puedan ser atendidas en prisión.
La razón de la negativa de los magistrados para opinar fue porque el proyecto de ley no encuadra dentro del supuesto del artículo 167 de la Constitución Política, el cual dice que los diputados deben consultar a la Corte Plena para discutir y aprobar proyectos que se refieran a la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera, dijo que los temas de política criminal son responsabilidad del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, explicó: “El tema de la ejecución y la definición son de política legislativa y nosotros no tenemos incidencia. El proyecto tiene una alta sensibilidad por la preocupación que hay sobre la seguridad ciudadana, pero el Parlamento debe asumir este aspecto concreto”.
Por el contrario, Carlos Chinchilla, quien redactó un informe sobre el proyecto, sostuvo que sí había incidencia en la función de jueces penales, de juicio y de ejecución, y por eso debían contestar con el informe a los diputados.
Sugerencias. A pesar de que no hubo un pronunciamiento en pleno, algunos magistrados hicieron observaciones y sugerencias al proyecto, las cuales serán enviadas a los diputados esta misma semana.
José Manuel Arroyo recalcó que hay consenso para aplicar el brazalete en casos de medidas cautelares, libertad condicional y como complemento a medidas de protección por violencia contra la mujer.
Arroyo abogó, no por “sustituir” la prisión, sino por aplicar el brazalete a quienes son sentenciados por primera vez a una pena de cinco años (no a seis), y excluir los casos de crimen organizado, delitos sexuales y los que atenten contra la vida.
Zarella Villanueva, presidenta interina, considera que el proyecto no contempla el uso del brazalete para proteger la vida de niños, mujeres, y adultos mayores en casos de violencia doméstica. Además, dijo, invisibiliza a las víctimas en su derecho a ser informadas.
