EscucharSan José (Redacción). La Corte Suprema de Justicia se opone a un proyecto de Ley que, estiman los Magistrados, “podría legalizar la impunidad del policía que delinque”.
Se trata de una iniciativa bajo el expediente número 16.877, denominada “Ley para aumentar la seguridad ciudadana”, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa.
Dicho plan propone justificar, en cualquier acción o policial, el ‘estado de necesidad’, ‘la legítima defensa’ o ‘el exceso de defensa’.
De esa manera, los policías no podrían ser juzgados se incurrir en algún tipo de delito.
Así lo determinó, tras estudiar a fondo el proyecto de Ley, el Magistrado José Manuel Arroyo, quien fue claro en que “se estaría creando un ámbito de impunidad por el solo hecho de tratarse de intervenciones policiales”.
“El proyecto de Ley a consulta sí afecta el funcionamiento del Poder dado que limita la capacidad para juzgar las acciones constitutivas de delito, lesionan también el principio de razonabilidad y de proporcionalidad en sede legislativa, al constituir una excepción eliminando la antijuridicidad material, creando un tratamiento distinto a favor de determinados funcionarios, lesionando con ello el principio de igualdad”, concluyó Arroyo.
De ser aprobado, los oficiales, tanto de la Fuerza Pública como del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), también de policías municipales, no podrían ser juzgados porque “la reforma sustrae la actuación policial del control judicial”.
El proyecto, además, persigue reformar en al artículo 22 del Código Procesal Penal para eliminar así el llamado testigo de la Corona en la investigación de determinados delitos. Con ello, estima la Corte, se viene a “lesionar seriamente” la actuación del Ministerio Público, de la Policía Judicial y del Sistema de Justicia en general.
“La aprobación del proyecto tal como esta, afecta negativamente la persecución de la delincuencia organizada ante la comisión de delitos de sicariato, delitos contra la propiedad y la persecución de delitos sexuales”, según un comunicado de la Oficina de Prensa del Poder Judicial.
