Un órgano investigador de la Contraloría General de la República recomendó sancionar con el despido sin responsabilidad patronal a a Mario Zamora Cordero, quien fue director general de Migración y desde mayo de este año funge como viceministro de Gobernación.
Le atribuye no haber ejecutado una garantía de cumplimiento por $246 millones que servía de respaldo a Migración por las fallas de un equipo tecnológico para la elaboración de cédulas de residencia. Según la Contraloría, el exjerarca dejó vencer la garantía.
Los investigadores también cuestionan que Zamora no iniciara ningún proceso administrativo contra los funcionarios que participaron en la negociación con la compañía proveedora.
Zamora, quien se encontraba ayer en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, en funciones propias de su cargo, calificó de “ desproporcionado y omisivo” el informe de la Contraloría. Anunció que apelará la resolución con suficientes pruebas.
Por los mismos hechos, el grupo contralor pidió sancionar con un mes de suspensión sin goce de salario al exdirector general de Migración Johnny Marín Artavia (2005-2006) y a otros cuatro funcionarios de menor jerarquía de la institución quienes, según la Contraloría, tenían la responsabilidad de fiscalizar el buen buen funcionamiento de los equipos.
Marín, que ya no labora en el sector público, dijo anoche que estudia la posibilidad de impugnar la resolución. El otro exdirector de Migración Marco Badilla Chavarría (2002-2005), en cuya gestión se firmó el contrato, fue absuelto.
La idea era dar a los extranjeros una tarjeta de identificación segura para contrarrestar los fraudes y el ingreso ilegal de foráneos. Pero las tarjetas se convirtieron en un fiasco porque los documentos presentaban daños a las pocas semanas. La imagen de la fotografía se borraba con frecuencia.
Zamora dijo ayer que cuando conoció de las fallas pidió ampliar los plazos de la garantía de cumplimiento mientras se hacía una investigación a fondo del caso.
Agregó que la garantía tuvo que ser devuelta a la empresa contratada porque se detectó un error en las fechas de vigencia del respaldo. “La garantía se perdió, pero la responsabilidad no fue mía, sino del departamento encargado de su administración”, alegó el funcionario.
El actual Viceministro de Gobernación sostuvo que abrió un proceso administrativo contra los funcionarios que tenían la responsabilidad de vigilar el funcionamiento del equipo de computo.
Agregó: “Me sorprende que la Contraloría me diga que no lo hice; el resultado está en el Tribunal del Servicio Civil”.
Indicó que, en todo caso, durante su gestión se logró que la compañía estadounidense Laser Card, representada aquí por el consorcio GTK_TML, asumiera la reposición de las tarjetas dañadas y pusiera en funcionamiento, sin costos para el Estado costarricense, los nuevos equipos.
“ Desde ese momento, no hemos tenido problemas con las tarjetas de residencia que se les entregan a los extranjeros; son documentos modernos y seguros”, aseveró el funcionario.