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El alcalde de Garabito, Marvin Elizondo, salió del ayuntamiento poco después de las 5 p. m. custodiado por agentes del OIJ. Luego, junto con los otros implicados, fue trasladado a los Tribunales de Goicoechea. | JORGE UMAñA GN
El alcalde, el vicealcalde, la proveedora y el jefe de la Policía Municipal del cantón de Garabito, así como un abogado privado, fueron detenidos como sospechosos de propiciar contratos ilegales.
La acción judicial, que incluyó un allanamiento al ayuntamiento, duró ocho horas y lo realizaron de manera conjunta la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto a cargo del caso, dijo que los hechos ilícitos fueron tres contratos suscritos por la Municipalidad de Garabito, Puntarenas, en los que se determinó que en uno hubo un supuesto sobrepago y en los otros, al parecer, no se cumplió con lo estipulado en el convenio.
Precisó que se trata de asuntos que ocurrieron entre los años 2008 y 2010 y que todavía están en proceso de investigación otros cinco convenios municipales.
Para Juan Carlos Cubillo, lo más preocupante “es que estamos frente a una reiteración delictiva porque se trata de la misma forma de actuar y donde el perjuicio se perpetra mediante el uso de fondos públicos”.
Los presos fueron identificados como el alcalde, Marvin Elizondo Cordero; el vicealcalde, Tobías Murillo Rodríguez; la proveedora, Ana Sofía Schmidt Quesada; el jefe de la Policía Municipal, Juan Gabriel Hidalgo Hernández, además del abogado Fernando Vargas Zeledón.
Contra los cinco presos se abrió un proceso penal por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y fraude de ley. Todos fueron trasladados ayer a las 5:30 p. m. hacia los Tribunales de Goicoechea, San José, para ser indagados.
Uno de los imputados, Tobías Murillo, requirió ser llevado a la Clínica de Garabito pues presentaba problemas de hipertensión.
Entre tanto, otro caso esta relacionado con la contratación de un abogado para que brindara un curso a los policías municipales, pero lo que se hizo fue entregarles un certificado sin que se realizara la instrucción. El contrato fue por ¢6,5 millones, dijo Cubillo.
Asimismo, se cuestiona otro contrato por ¢9 millones que firmó la Municipalidad con el abogado particular para que la representara en un juicio contencioso cuando el ayuntamiento ya contaba con un profesional.
