Una asistente del Juzgado Penal de Corredores, Puntarenas, defendió a un presunto narcotraficante en una audiencia, realizada el 26 de octubre del 2010, en el mismo despacho donde ella manejaba legajos y tenía acceso a estos.
El Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N.° 55-11, del 16 de junio, resolvió despedir a la funcionaria Andrea Paola Vargas Villalobos, una abogada de 25 años. Sin embargo, como ella renunció desde el 31 de octubre del 2010, se ordenó incluir aquella decisión en su expediente personal.
Vargas fungió como codefensora de un sospechoso, apellidado Hernández, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a sus servidores litigar.
El Consejo señaló que la asistente “no debió atender intereses particulares que el Poder Judicial debía resolver, y mucho menos en el mismo despacho donde tenía su puesto”.
Además, calificó como “gravísima” la falta cometida pues “afectó el deber de imparcialidad e incumplió la prohibición de ejercer la profesión”.
“Ninguna seguridad y confianza puede merecerle al Poder Judicial una persona que actúa de una forma contraria a derecho y a los valores de buena fe, lealtad, honestidad; su actuación incide negativamente en la imagen del Poder Judicial”, indica el acta.
Vargas alegó en ese momento al Tribunal de la Inspección Judicial, a cargo de la investigación, que ella se encontraba con un permiso sin goce salarial del 1.° al 30 de octubre del 2010, y la audiencia se realizó durante el tiempo en que ella no estuvo en la oficina.
No obstante, el Consejo Superior, dirigido por Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que ella todavía era servidora judicial, pese al permiso del cual gozaba.
Durante ese lapso, Vargas liberó a siete imputados por robar 320 kilos de cocaína de los Tribunales de Golfito. Otro juez revocó, el 23 de setiembre, esa resolución y ordenó de nuevo prisión a los implicados.
A pesar de que Vargas fue investigada por la Inspección Judicial, continuó en su puesto como auxiliar judicial en el Juzgado Penal de Corredores.
El año pasado, Vargas tuvo un nombramiento interino de enero a setiembre, pero obtuvo la plaza en propiedad, en el mismo puesto, a partir del 1.° de octubre.
Sin embargo, la funcionaria presentó su renuncia a partir del 30 de octubre, cuatro días después de haber participado en la audiencia de medida cautelar.
La auxiliar judicial manifestó ayer a
Actualmente, el narco sospechoso que la funcionaria defendió en esa ocasión descuenta prisión preventiva en Pérez Zeledón y la Fiscalía pidió el miércoles anterior 17 años de prisión por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas.
Al parecer, Hernández se encargaba del financiamiento de una banda que enviaba cocaína al Valle Central desde la frontera con Panamá. Hay siete detenidos más.