EscucharYa él sabe lo que es irse del Poder Judicial: en el 2004 lo hizo, y se echó para atrás; anteayer, nuevamente presentó su dimisión, pero quiere dejar la puerta abierta. Su esposa –abogada– y sus tres hijas lo apoyan. A sus espaldas está el expediente ICE-Alcatel, el último caso que resolvió. Le quedan 11 años para pensionarse.
Dedicarse de lleno a la academia e investigación en la Universidad de Costa Rica, llevaron a Alfredo Chirino a tomar una “decisión radical”: renunciar como juez del Tribunal de Apelación de Sentencia, que comenzó a operar en el 2011.
Ayer, este juez, que cobró relevancia al presidir el tribunal que anuló las penas impuestas a ocho acusados en el caso ICE-Alcatel, habló con La Nación .
Su renuncia fue sorpresiva. ¿Hace cuánto pensó hacerlo?
Desde hace tres años he valorado la posibilidad de dedicarme intensamente a la docencia e investigación. El oficio de juez me imposibilita dedicarme a escribir, pensar en los problemas del Derecho y desarrollar una actividad docente. Este tipo de decisiones hay que tomarlas de forma sorpresiva. La vida judicial ha sido muy satisfactoria, una experiencia humana extraordinaria. Me voy lleno de sentimientos, amistades forjadas y muestras de cariño de mis compañeros.
¿Por qué lo postergó?
Estaba tratando de observar de qué manera podía hacerlo. Si quería dedicarme a la univerisdad, estaba de por medio la decisión de desligarme del Poder Judicial, que no es una decisión fácil, producto de que uno deja seguridad, pensión, una serie de elementos importantes, pero que tienen compensaciones en la dedicación que uno le va a dar a esa vida, que es la que siempre he aspirado poder desarrollar. Estoy por cumplir 50 años y es una época de decisiones y cambios. Dentro de esa lógica, este es un cambio importante de pista profesional de desarrollo hacia otros ámbitos. El caso ICE-Alcatel me detuvo un año. Una vez que la apelación entró a mi sección, me pareció inadecuado, incorrecto, dejar esa causa sin analizar. Preferí terminarla con mis compañeros y llevarla a su final. Terminado esto, no existía ningún inconveniente en tomar la decisión.
¿Recibieron presiones para resolver ese caso?
Durante la tramitación de la causa no recibimos presiones de fuera del Poder Judicial, ni de dentro. Tuvimos mucha libertad para trabajar. Para este Tribunal ha sido una nueva experiencia porque esta es la primera causa de este nivel de complejidad que hemos recibido.
¿Es irrevocable su renuncia?
Es innecesario decirlo. Tomo esa afirmación como simbólica. Yo me voy del Poder Judicial, pero yo espero no estar cerrando la puerta. Valoro la posibilidad de poder regresar en cualquier otra circunstancia. Si fuese posible volver para trabajar en algún campo donde pueda servir aquí en el Poder Judicial, no lo descarto.
Entonces, ¿es negociable?
No porque hacer tanto esfuerzo (por irse) para volver al día siguiente, nadie me lo creería. Cuando me refiero a que no cierro la puerta de regresar, sería con alguna otra condición dentro del Poder Judicial. A esta institución la quiero mucho y solo buenas cosas me ha dado. No me voy enojado ni angustiado.
¿Influye la muerte de Luis Paulino Mora en su renuncia?
Don Luis Paulino fue una persona que creyó en el tipo de gestión judicial que yo impulsaba. Recibí su apoyo personal durante siete años cuando yo era director de la Escuela Judicial. Es difícil no valorar ese apoyo, esa mística y ese ejemplo.
¿Qué decisiones han impactado negativamente al Poder Judicial?
Yo me opuse a la reforma que dio sentido al sistema de apelaciones, me opuse a las sentencias orales. Esas dos prácticas van a tener que ser objeto de valoración dentro de un tiempo. Solo los ríos no se devuelven y es necesario que el país valore si este cambio realmente cumplió los objetivos para el cual había sido previsto. No era necesario un cambio como el que se dio. Pudimos haber conservado el sistema de casación que teníamos y haber podido garantizar los efectos de la sentencia Mauricio Herrera contra Costa Rica de otra manera. En la oralidad hay mucha orientación hacia la humanización del proceso, mayor cercanía con las partes y el conflicto, tiene funciones procesales importantes, pero cuando se conserva la sentencia penal de forma oral, se ocasionan muchos problemas en la revisión de la sentencia, pero también a las personas justiciables. Si hay personas en prisión, esperando alguna resolución judicial, es para poder leer su sentencia. La sentencia oral tiene esa doble matiz: pretende humanización y acceso, pero por otro lado lo cierra. Este año cumplimos ya 15 años de la reforma al Código Procesal Penal.
¿Le parece que está obsoleto?
No creo que esté obsoleto, pero sí hay partes que hay que reformar. Una es la audiencia preliminar, que pretendía dar esplendor a la etapa de investigación y análisis de la causa para observar qué asuntos merecían llegar a juicio. Un deterioro de esa etapa ha provocado que muchos asuntos que no merecerían llegar a juicio, llegaran. Yo propondría un uso más inteligente de la oralidad en las etapas previas a la sentencia. El tercer tema de reflexión es la prisión preventiva. Se ha hecho demasiado extensa y Costa Rica debería pensar si quiere tener un sistema de prisión preventiva tan largo.
Los fallos de apelación de Carlos Pascall e ICE-Alcatel mostraron un Tribunal crítico de la Fiscalía y de la misma judicatura...
Un tribunal de apelación que hace su trabajo debe ser crítico. Desde el punto de vista del debido proceso y las garantías del justiciable, la esperanza es que el tribunal tenga la capacidad suficiente para evaluar todo el proceso, de tal manera que se puedan plantear todos los aspectos donde ha fallado la investigación, el trabajo de los sujetos procesales y los jueces de instancia.
