Los obispos están exentos de responsabilidad en el supuesto manejo indebido de dinero de la Iglesia católica costarricense porque no son ellos quienes administran los bienes, aseguró ayer Carlos Vargas, abogado de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor).
Vargas habló luego de que el obispo de Alajuela, Ángel Sancasimiro, fuera entrevistado en la Fiscalía de San José como parte de una causa por presunta intermediación financiera ilegal en Servicios Pastorales, entidad que maneja el Fondo Común de la Iglesia.
La Fiscalía indaga operaciones financieras hechas entre el 2005 y el 2007 en cuentas bancarias, en Costa Rica y Panamá, relacionadas con la Iglesia costarricense.
Mandato. Vargas dijo que, por mandato del derecho canónico, los obispos no se ocupan de la administración de los bienes materiales y que esa tarea recae en laicos técnicos o peritos en la materia.
“Los obispos incumplirían su mandato, su fe y su vocación si se ponen a jugar de administradores de empresas”, añadió.
Sancasimiro respaldó la tesis de Vargas y dijo que su deber es dedicarse a las actividades religiosas y no a fiscalizar cuentas.
“Me dedico a lo que libremente elegí por llamado de Dios, que es mi acción pastoral, y por eso elegimos a personas en las que confiamos totalmente, pero después nos dimos cuenta de que se quebró esa confianza”, expresó el religioso.
Según Vargas, la investigación del caso refleja que hubo un desfalco a la Iglesia y que fue denunciado por la misma Cecor.
“Le robaron plata a la Iglesia y con esa plata prestaron en empresas que no son de la Iglesia a otras personas”, alegó el abogado.
En abril del 2008, una investigación de La Nación reveló que en las cuentas bancarias de Servicios Pastorales se captaba dinero de inversionistas nacionales y extranjeros, que a su vez se utilizaba para operaciones de préstamo.