A orillas del Tabasará, uno de los ríos más caudalosos de Panamá, 300 indígenas libran una batalla a muerte contra una represa hidroeléctrica que se levanta omnipotente entre sus aguas.

 6 julio, 2014

Ceferino Jiménez tiene el pómulo explotado y una mancha de sangre seca hasta el labio; los ojos rojos, el pelo pegado con sudor a la frente.

Una bala se le hundió en la mejilla derecha en un enfrentamiento entre antimotines y un grupo de indígenas ngäbe que bloquea el paso hacia la construcción de la represa hidroeléctrica Barro Blanco, en Chiriquí de Panamá, desde hace varios días.

Desde febrero de este año, cientos de indígenas de la etnia Ngäbe-buglé se han trasladado a vivir a la orilla del río. Sus protestas han ido escalando y hoy se ubican en la entrada de la represa.

Dicen que su propósito es cuidar el río y defenderlo del proyecto hidroeléctrico, cuya construcción fue declarada como “de interés nacional” en la administración de Ricardo Martinelli, dado el desabastecimiento de energía en Panamá de los últimos meses.

Es abril y las cámaras de televisión visitan el sitio del conflicto un día sí y muchos no. El trayecto para llegar a la zona consiste en caminar hora y media montaña arriba desde el distrito de Tolé hasta la comunidad indígena del Kiad, cruzar ríos que cubren hasta las axilas y andar el equipo al hombro.

Luego de varios meses de construcción de la represa, las imágenes de la televisión panameña muestran un paraje desértico con un río Tabasará reducido a riachuelo y pocos árboles sobrevivientes.

Micrófono en mano, los indígenas insisten en que su manifestación es pacífica y que se quedarán ahí, en el terreno privado de la constructora Genisa, hasta que el gobierno paralice por completo las obras y cancele el proyecto.

Dicen, folleto en mano, que las leyes los protegen, que el río les pertenece a ellos y a todos los panameños, que las inundaciones afectarán a cien familias y que a ellos nadie les preguntó si querían entregar sus tierras a la construcción.

Al mismo tiempo, el exministro de gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, se sienta frente a las cámaras de TVN, en David de Panamá, se acomoda las gafas oscuras y aprovecha el espacio para decirles “a quienes están allá” que pueden hacer valer su libertad de protesta, pero no violar los derechos de los demás; que el tema energético es prioritario porque el país está en deuda con la demanda de electricidad, y que las dudas de “quienes están allá” no tienen fundamento, que mejor pregunten y se informen antes de seguir haciendo el daño.

Las diferencias entre el aquí y el allá son fáciles de explicar para las autoridades: alguien les metió una idea en la cabeza a los indígenas y ahora ellos luchan ciegamente, sin entender muy bien por qué. Para los indígenas, en cambio, las razones están fundamentadas en la constitución y las leyes: la ley 10 del 2012 dice que, para construir o expropiar cualquier terreno en la Comarca Ngäbe-Buglé o territorio anexo (aledaño), la empresa y el gobierno están obligados a hacer una consulta a varias escalas y someter a votación las decisiones de las mismas autoridades de la Comarca entre los pobladores.

El proceso se cumplió a medias, según el peritaje independiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los ambientalistas y abogados demandan al Estado y a la empresa pero la Corte rechaza o no responde.

Las bases religiosas y culturales de los ngäbe también los conduce a la lucha a muerte: “El agua y la tierra son nuestra vida. Si nos las quitan, ¿de qué nos sirve, entonces, vivir?”.

Sin tiendas

Michego duerme acostado sobre una piedra. El indígena que nos dirige lo zarandea del hombro y le dice algo en idioma ngäbere. El niño se despierta, llora acongojado y se va a buscar quién sabe a quién. Es noche sin luna del primer domingo de marzo y andamos a tientas o con un foco en la boca buscando árboles para colgar las hamacas y espacios vacíos para armar las tiendas.

El paisaje nocturno está colmado de pequeños ojos brillantes y vestidos de colores. Los muchachos de la misión de derechos humanos que vienen a dejar comida y alimentos, traen también las únicas tiendas que se vislumbran en el lugar. Aparte de los suplementos aportados por ellos, solo hay cartones en el suelo y un puñado de fogatas dispersas.

La consigna de Kiad, Quebrada Caña y Nuevo Palomar se mantienen firmes.
La consigna de Kiad, Quebrada Caña y Nuevo Palomar se mantienen firmes.

Los 150 niños, adultos y viejos que están aquí, bajaron de su montaña en febrero, dejaron su chacra y sus chanchos atrás y se asentaron a la orilla del río Tabasará para manifestarse en contra de la construcción de Barro Blanco. Para los indígenas, un campamento es una reunión prolongada en la que se duerme bajo las estrellas y nada más: no hay baños o servicios sanitarios, no hay agua potable, no hay comida.

Hay, sin embargo, esperanza.

-¿No te da miedo estar acá?- le pregunto a Cecilia Jiménez, una de las mujeres del pueblo.

-¿Por qué me va a dar miedo, si este es mi hogar? -me reclama ella.

Cecilia también me dice que en el 2012 sí le dio mucho miedo, cuando estuvieron en la carretera Interamericana reclamando, también, contra las hidroeléctricas y la minería en sus tierras. “Ahí sí fue feo”, me dice, “porque se murieron varios de los nuestros y quedaron un montón heridos por el maltrato policial”.

Los videos de ese momento muestran, por ejemplo, a un indígena siendo vapuleado por cuatro o cinco policías; a mujeres con palos y piedras enfrentándose a antimotines con gases y escudos; a la gente revolcándose en el suelo del dolor por las heridas; a las enfermeras, en los hospitales, gritándole a los policías que respeten, que ahí sí que no se pueden meter a golpear “a los indios”, que se vayan.

La crisis se extendió por semanas, la gente alegaba porque no podían volver de Panamá a Costa Rica y criticaban a “esos indios” que estaban en contra del progreso.

Pocos sabrían entonces que la muerte de algunos y las heridas de otros servirían de algo: después del conflicto, el plenario de Panamá aprobó una ley que prohibiría de manera definitiva la minería en la Comarca Ngäbe Buglé y regularía la construcción de hidroeléctricas.

Con esa ley en mano, la cacica Silvia Carrera camina ahora en medio de los árboles, ya con el sol arriba, para mostrarnos el bosque tropical seco a medio destruir y el caudal disminuido de su río Tabasará. De su enagua cuelga un sonriente Michego, su nieto, quien la noche anterior se había quedado perdido por ahí y más adelante la había encontrado.

En el camino nos explica que las inundaciones de la represa no solo comprometerán las tierras de siete familias sino también las actividades de 500 personas y los petroglifos sagrados de sus ancestros, que se encuentran grabados en colores encendidos sobre grandes rocas dispersas a lo largo del trayecto.

La cacica Silvia Carrera hace un recorrido por las orillas del río Tabasará para mostrar la destrucción causada, según dice, por la empresa hidroeléctrica Genisa. A su lado, su nieto Michego.
La cacica Silvia Carrera hace un recorrido por las orillas del río Tabasará para mostrar la destrucción causada, según dice, por la empresa hidroeléctrica Genisa. A su lado, su nieto Michego.

Silvia todavía no sabe que el gobierno saliente negará esta versión con vehemencia en los meses siguientes ni que el presidente entrante, Juan Carlos Varela, les pedirá dialogar. Quizás él también ignorará que Silvia está cansada de repetir que el tiempo de diálogo ya pasó, que ahora están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por su río.

Un par de helicópteros sobrevuelan la zona y el arqueólogo Jonathan González Quiel nos dice que son los dueños de Genisa vigilando a los indígenas y monitoreando sus acciones. Silvia Carrera, entonces, se atreve a decir que su comunidad seguirá avanzando y se instalará cada vez más cerca de la represa. Sospecha, eso sí, que el conflicto puede terminar en violencia.

La consigna de las comunidades del Kiad, Quebrada Caña y Nuevo Palomar es tan firme como la piel morena que les cae sobre los huesos. Una niña me dice con la lengua un poco enredada por el español en desuso, que todos tienen que ayudarles a que el río de los pecesitos de colores se salve; una dirigente comunal insiste en que la lengua es la única arma que dios le dio para cuidar la madre tierra; un hombre y una guitarra se unen para hacerle honor a su religión Mama Tada en idioma ngäbere; un chiquito me enseña a rebotar piedras sobre el agua –“estas, solo las planitas”– mientras se pregunta dónde rebotará sus piedras después, “cuando el río ya no esté”.

Entonces, tal vez, se hace más fácil entender por qué Ceferino Jiménez y su pómulo de bala siguen en el bloqueo, tratando de impedir que la construcción de Barro Blanco avance. Entonces, solo tal vez, uno puede comprender por qué, entre los árboles, una manta verde pintada de letras negras reza: “Por Tabasará, la vida”.

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