En una situación que ya era crítica, el cierre de la cárcel de San Sebastián obliga al Ministerio de Justicia a acelerar las medidas para reducir el hacinamiento de los Centros de Atención Institucional

Por: Natalia Díaz Zeledón 28 agosto, 2016
Condiciones insalubres: los dormitorios de San Sebastián sufren falta de ventilación y privacidad. | FOTO: MAYELA LÓPEZ.
Condiciones insalubres: los dormitorios de San Sebastián sufren falta de ventilación y privacidad. | FOTO: MAYELA LÓPEZ.

“La impronta de la gestión anterior no había sido tan inmersa en la población privada de libertad”, asegura la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, tras un año de administrar la cartera. “Cuando a mí me toca, me toca llegar con un hacinamiento muy grande y me metí de lleno”.

Cecilia Sánchez obtuvo su primer trabajo en el Poder Judicial hace 40 años. | FOTO: DIANA MÉNDEZ.
Cecilia Sánchez obtuvo su primer trabajo en el Poder Judicial hace 40 años. | FOTO: DIANA MÉNDEZ.

El diagnóstico global que hace Sánchez del panorama penitenciario es complicado. Por un lado, están las cifras: las 13.328 personas atendidas por el programa de Centros de Atención Institucional –las cárceles– que simplemente no caben en la capacidad real de de 9.130 plazas que tienen las estructuras construidas a la fecha.

Según estas cifras, al miércoles 24 de agosto el porcentaje de hacinamiento del programa era de 45,98%. En julio del 2015, cuando la ministra de Justicia ingresó, la cifra había alcanzado históricamente un 54%. La cárcel de San Sebastián era el centro más golpeado por el hacinamiento de los reclusos.

No obstante, reacomodar a los privados de libertad en el programa semi institucional no basta para resolver las malas condiciones penitenciarias.

El Ministerio proyecta destruir y construir: entre los cierres proyectados de San Sebastián y otros ámbitos inadecuados, van a perder 3.753 espacios para privados de libertad pero, su inversión en infraestructura brindará –con proyección al 2018– 4.080 campos mejor distribuidos.

En ningún escenario proyectado la construcción de espacios reduciría la sobrepoblación al 20% que fijó la Sala Constitucional como obligatoria.

En el hacinamiento todos pierden: la Policía Penitenciaria y el personal técnico tampoco trabajan en condiciones adecuadas.

“Primero hice todo el planteamiento a nivel de población. Había que resolver el conflicto fundamental, las graves condiciones de hacinamiento. Ahora, estoy volviendo a hacer el periplo para hablar con la Policía Penitenciaria y los funcionarios técnicos”, explica sobre futuras estrategias.

Entre las críticas que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sistema penitenciario tico es que abusa de la prisión preventiva. Asimismo, acusa la falta de procesos de rehabilitación.

Empero, 5.431 reclusos están inscritos en programas educativos: 70,7% cursan primaria; 8,3% están sacando el bachillerato por madurez y un 4,14% reciben clases universitarias. Al comenzar este año, 58% de la población estaba trabajando.

“La inversión en el Ministerio de Justicia y el sistema penitenciario es una inversión en seguridad. Cuando yo tengo funcionarios en buenas instalaciones y privados de libertad bien atendidos, tengo enormes posibilidades de egresar mejores personas a la calle. Personas que han sido atendidas humanamente y que han podido estudiar y capacitarse. Pero, si nada de eso puede ocurrir, yo egreso personas con altos sentimientos de rencor”, sostiene Sánchez.