Icoder enviará caso de Olimpiadas Especiales al Ministerio Público

En el acuerdo número 5 del Consejo, tomado en la sesión del 16 de febrero, consigna lo siguiente: “Se acuerda acoger la recomendación b) del punto 4.1, la cual se traslada de forma inmediata a la asesoría jurídica con el fin de que presente la respectiva denuncia ante el Ministerio Público”.

Todavía no se hace público el resultado de la auditoría interna realizada por el Icoder, pero el Consejo ya revisó dicho documento y decidió que hará la denuncia respectiva.

En un informe elaborado por el departamento de finanzas y contabilidad del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, y que La Nación publicó el pasado 27 de agosto, se explica que el ente improbó la liquidación de Olimpiadas.

Entre los aspectos que justifican la no aprobación está la contratación de servicios brindados por empresas de los propios directivos o familiares del presidente Carlos Valverde, sin cumplir con el procedimiento, según el Icoder.

Por ejemplo, a la compañía de entretenimiento Flevent la contrataron para organizar eventos por ¢27 millones, sin el respectivo concurso.

El gerente de esa firma es Luis Arias, esposo de Laura Valverde, una de las hijas del jerarca de la organización.

Olimpiadas es una asociación privada, pero el Estado le asigna recursos anualmente debido a su fin social. Según la reforma a la ley de Olimpiadas Especiales del 13 de octubre del 2009, se le otorga cada año el 0,20% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fodesaf, que en el 2014 fue equivalente a ¢987 millones.

Esta institución le gira el dinero al Icoder, que es el encargado de depositar los fondos destinados por ley a la asociación.

Los ingresos se utilizan para satisfacer gastos operativos a beneficio de los atletas.

Versión de Olimpiadas. El abogado de Olimpiadas Especiales, Boris Molina, mostró su malestar por el actuar del Icoder al asegurar que se enteraron de dicha denuncia a través de La Nación y no por una notificación. “Me parece un acto malintencionado”, dijo el letrado.

Sobre la denuncia, Molina recalcó que la organización no le teme a ninguna investigación del Ministerio Público, pues no han cometido ninguna falta.

Por el contrario, aseguró que los funcionarios públicos involucrados deberán pagar las consecuencias por sus actos.

“No descansaremos hasta no ver que sufran todo el peso de la ley y paguen de sus bolsillos todo el daño que han hecho los funcionarios que tomaron estas ilegales decisiones”, afirmó.