FIFA y Concacaf se dicen víctimas y dan la espalda a sus jerarcas caídos

Hoy Eduardo Li habría sido presentado como nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Allí se encontraría con Jeffrey Webb y Eugenio Figueredo, vicepresidentes del organismo rector del balompié, quienes también fueron arrestados.

Es el mismo consejo donde se toman las decisiones más importantes del fútbol: se adjudican mundiales, se firman contratos y se modifican reglas, entre otras resoluciones de peso.

Hoy, esos personajes que recibirían con brazos abiertos a Li y harían parafernalias para Webb y los demás “VPs”, les dan la espalda y se dicen víctimas de sus supuestas acciones.

La Concacaf ya destituyó provisionalmente a su presidente, Webb, y a Li, como miembro del Comité Ejecutivo que toma las decisiones respecto a Copa Oro, Liga de Campeones y otras competencias cuyas organizaciones son cuestionadas por la fiscalía de Estados Unidos.

“La Concacaf ha sido víctima de fraude, seguimos comprometidos con las metas de desarrollo de la Concacaf, para promover y administrar el juego del fútbol”, dijo el hondureño Alfredo Hawit, vicepresidente de Webb, quien tomará el puesto titular de la organización, interinamente.

Al tiempo, la Confederación anuncia un “Comité Especial” para “evaluar y mantener las operaciones comerciales”. Ese órgano estará conformado por los tres presidentes de las federaciones de Norteamérica: Victor Montagliani, de Canadá; Justino Compean, de México, y Sunil Gulati, de Estados Unidos.

Además, la Concacaf dio un “permiso de ausentarse” a Enrique Sanz, secretario general que temporalmente será sustituido por su subalterno, Ted Howard.

Suspensión ética. Entretanto, Joseph Blatter también caracteriza a la FIFA como una víctima de los hechos que se imputan a Li y otros 13 acusados.

Y el Comité de Ética del organismo decidió “imponer a 11 personas la prohibición temporal de participar en actividades relacionadas con el fútbol”.

Esa suspensión es válida por 90 días y el estatuto establece que se puede ampliar por un máximo de 45 días más.

De hecho, según la resolución del Comité de Ética, Li y compañía serán llamados a una audiencia para decidir si la prohibición se archiva o se hace permanente.

En caso de que el dirigente costarricense o alguno otro no consiga presentarse físicamente a la audiencia, ellos pueden presentar sus defensas por escrito.