Sociedad

Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

 Con el aumento de la criminalidad, muchos ticos han optado por armarse mientras que otros prefieren pagar para que los cuiden. ¿Por qué lo que debería ser un derecho ciudadano, garantizado por el Estado, se ha convertido en un negocio privado?

Catorce personas en línea apuntan con su arma a un mismo blanco: un sujeto con cara de pocos amigos que, desde el fondo del salón, les ordena desenfundar. Las 14 personas son en realidad 14 señores obedientes que siguen al pie de la letra las instrucciones. Pero no pasa nada. No se supone que tenga que pasar algo.

Al cabo de algunos minutos, el ejercicio se vuelve mecánico. Desenfundar; apuntar; guardar. Con tales movimientos empiezan su domingo de entrenamiento en armas de fuego un grupo de oficiales de un banco privado y, la verdad sea dicha, hay más adrenalina en un té de canastilla.

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Al instructor no se le mueve un pelo. Su paciencia es tajante. Irreductible. Arthur Mitiniani – 42 años, metro ochenta, mirada devastadora– es una impecable reliquia de las Fuerzas Especiales y Servicios de Inteligencia Militar del extinto Ejército Rojo, de la antigua Unión Soviética, país del cual salió a finales del 93 a cambio de una nueva vida en el trópico costarricense.

Los disparos empiezan inmediatamente después de interminables minutos de mímica. La mañana cobra vida con la detonación ensordecedora de las balas, que no por ser de práctica son más silenciosas. El olor a pólvora forma una pesada nube sobre nuestras cabezas. Al cabo de un rato, el salón gris está repleto de casquillos.

Las medidas de seguridad son extremas y Mitiniani no deja de repetirlas con su irremediable acento moscovita (“concentrrración”, “silencio”, “dedos fuerra del gatillo”): eso que el grupo tiene ya cinco años de entrenamiento constante. Sin embargo, nadie puede bajar la guardia: prestarse al descuido cuando se tiene un arma en la mano puede tener consecuencias irreparables.

Este es uno de los muchos grupos que Mitiniani atiende diariamente. Sus enseñanzas no se limitan a las armas de fuego y sus alumnos tampoco se limitan a empleados bancarios más o menos sedentarios. Sus cursos rondan el amplio espectro de la seguridad personal y también incluyen a acaudalados empresarios, a esposas de acaudalados empresarios y hasta los hijos de acaudalados matrimonios. A sus cursos también asisten agentes gubernamentales, pero todos tienen algo en común: todo el que llega lo hace con alguna referencia. Arthur no da cursos a cualquiera.

De armas tomar

Las labores de esta mañana son similares a las que suele haber en los otros ocho polígonos de tiro autorizados por el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública para la enseñanza, práctica y entrenamiento en armas de fuego en todo el país.

En Costa Rica, estos lugares son los únicos autorizados por la ley para rendir los exámenes teórico-prácticos indispensables para la portación de armas. Pero aunque la administración de los polígonos es privada, las evaluaciones corren por cuenta del Estado: un equipo de la Unidad Especial en Armas y Explosivos y otro de la Escuela Nacional de Policía ponen fechas para llegar a examinar a los estudiantes que, si lo superan con el 70%, lo pasan. Eso, más un examen de idoneidad mental, la hoja delictiva en limpio, la copia de la cédula y poco más de ¢1.000 en timbres dan como resultado que la persona sea apta para portar un arma.

Pistolas y revólveres (calibre 38, 22, 9 mm...) están entre las más utilizadas. Entre las armas autorizadas por la ley también están los rifles, las carabinas y las escopetas, cuyo uso varía desde la mera defensa (o sea, para matar) hasta la cacería de aves.

“Las que la ley no permite son cualquier tipo de arma automática”, explica William Hidalgo, jefe de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. “La diferencia es que una es tiro a tiro y la otra es en ráfaga. Hay armas con capacidad de fuego de 30 y 35 tiros, pero las armas automáticas solamente las puede utilizar la Policía”.

Según los registros del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Gobernación, desde 1989 a setiembre de este año, en el país existe un arsenal de 176.864 armas inscritas en manos de civiles, ya sea por personas físicas o jurídicas.

“Solo el año pasado se importaron cerca de 10.000 armas procedentes de Argentina, EE.UU., Turquía y Filipinas”, explica Hidalgo, antes de precisar sus datos: “En el 2006 se importaron 9.085 armas. Entre las armas que más se importan hay revólver (5.050), pistolas (2.527), escopetas calibre 12 (930), rifles (523) y carabinas (55). En el 2007 se importaron 12.630, y al 3 de junio de este año teníamos 3.946 armas: 2.651 revólveres, 661 pistolas, 270 rifles, 257 escopetas y 107 carabinas”.

A todos estos datos, se suman los que, finalmente, podrían ayudarnos a comprender de cuánto es el aumento de la portación de armas entre la población civil.

El año pasado, el Departamento de Armas y Explosivos extendió 16.114 permisos (entre agentes de seguridad privada y particulares), con un promedio de 1.343 por mes. Además, matriculó 9.528 nuevas armas, es decir, 794 por mes. A setiembre de este año, el mismo departamento había extendido 13.050 permisos, con un promedio mensual de 1.450. En cuanto a la inscripción de nuevas armas, los números de este año tampoco se quedan atrás: hasta setiembre se contaban 10.718. Se trata de un promedio mensual de 1.191.

El escenario de todas estas transacciones, que únicamente contabilizan las armas pero no los equipos especializados asociados a la industria, fue el de los diez importadores que hay en el país y los 65 comercializadores de armas y municiones que se distribuyen en todo el territorio.

Una vez en el país, las armas legales tienen tres destinos potenciales: pasar a formar parte de las herramientas de uso doméstico de cualquier ciudadano, engrosar el arsenal de las empresas de seguridad privada o derivar en el mercado negro, ya sea por robo, pérdida o alguna otra contingencia.

Para algunos especialistas, este panorama no es alentador : tantas armas en la calle, sin contar las de la policía o el mercado negro, multiplica la posibilidad de que haya más violencia.

“Yo estoy en contra de lo que son las armas”, dice Hidalgo. “No creo que la situación del país se solucione con que yo llegue a una armería a comprar un arma. No se trata de estimular a la ciudadanía, pero también somos conocedores de que eliminar totalmente la portación de armas entre la población va a ser muy difícil, es como eliminar la pólvora”.

“Es importante que la ciudadanía tenga claro que andar armado no es garantía de mayor seguridad. Hay gente que únicamente se prepara para ganar la evaluación teórico-practica y psicológica, y posteriormente no sabe qué hacer con esa arma en una situación de peligro, y pone en riesgo la vida de él y la de su familia. ¿Y qué es lo que pasa con esa arma? Inmediatamente se la quitan los maleantes y pasa a ser un arma más del mercado negro”.

Para Hidalgo, el problema de inseguridad que vive el país ya lo han vivido naciones como México y Colombia, pero no se soluciona con la autodefensa.

“Nosotros tenemos cerca de 23.000 evidencias; 23.000 armas decomisadas por diferentes hechos: delincuencia, agresión doméstica, robos, homicidios, asaltos… Muchas de esas armas están inscritas pero cayeron en manos de la delincuencia y luego fueron utilizadas en diferentes hechos violentos”.

En Costa Rica, los trámites para importar o vender armas no son nada del otro mundo, aunque quizá no piensen así quienes ven en las regulaciones y controles un freno a su iniciativa comercial. Sorprendentemente, tampoco hay un tope para la cantidad de armas que puede traer un importador. “Lo que sí existe son los topes en los países que las venden. De una a cien armas, se tramita en la Dirección General de Armamento, pero si una sola compra pasa de cien armas, el trámite debe pasar al despacho del Ministro por el visto bueno”, explica William Hidalgo.

Ante la inevitable pregunta de por qué eso queda a criterio discrecional del ministro, el jerarca arruga la cara: “Eso está en la ley. Yo nunca le he visto pies ni cabeza”.

Vestida para matar

Alexandra es canadiense, tiene 29 años y es psicóloga. Hizo el curso para sacar su permiso de portación de armas “inspirada” en la sensación de inseguridad que se vive en Costa Rica, de la cual fue alertada previamente por sus padres, que tienen 14 años de vivir en La Garita de Alajuela.

Ahora que Alexandra finalmente decidió radicarse en el país, quiso asegurar su traslado con una pistola 9 mm. Hace 4 meses vivía en Montreal y hoy le resulta más que difícil encontrar sosiego en las calles ticas, repletas de energúmenos y vacías de señalización. Aun así, está decidida a quedarse.

“Ahora quiero vivir aquí todo el tiempo pero tengo miedo de manejar, de que me asalten en los semáforos. I’m so scared ”, dice. “Con estos cursos me siento más fuerte, más segura. La primera vez que disparé un arma estaba llorando y llorando. Tenía miedo”, confiesa. Actualmente trabaja como maestra de inglés voluntaria en una escuela católica en Alajuelita. “Me gustan los niños, son muy inocentes”, dice, y se llena los labios de brillo antes del próximo disparo.

Todo lo anterior es la descripción del trámite administrativo, relativamente sencillo. Lo verdaderamente complicado es lo que las armas ponen en juego una vez que ingresan al país; una vez que la población cree necesitarlas porque no le queda más remedio.

Para el sociólogo Rodolfo Calderón, investigador con un doctorado en el tema de las causas sociales del delito y la violencia, el primer paso es desconfiar de las estadísticas oficiales.

Según sus datos, no todas las empresas de seguridad que operan en el país están registradas ni reguladas, y por lo tanto no se puede garantizar –en primer lugar– el uso debido de los equipos de armamento que utilizan. “Hay que llamar la atención sobre el registro oficial de la información. Estos datos hay que manejarlos con mucho cuidado”, insiste.

Desde su punto de vista, esto no solo “infla” las estadísticas, sino que entraña un problema de fondo, pues quizá no sea tan fiel a la realidad la sensación de que cada vez más ticos adquieren armas de fuego para su protección.

“Yo creo que la sociedad civil no se está armando. Las cifras pasan por aquí: por el aumento en la cantidad de empresas de seguridad privada que han aparecido en los últimos años. Esto torna más grave aún el asunto: si se da esta dinámica, donde una empresa compra 10 armas pero tiene 30 ó 40 empleados de los cuales solo 5 ó 6 tienen el permiso requerido”.

Calderón apunta que una discusión de fondo sobre el tema de las armas livianas y la inseguridad ciudadana debe detenerse inevitablemente en la privatización de la seguridad, un asunto que, hasta hace unas décadas, era de competencia exclusiva del Estado y sus instituciones.

“El tema de la seguridad privada es una de las manifestaciones más serias de una sociedad cada vez más desigual. Refleja ese resquebrajamiento profundo del contrato social: cosas que son bienes públicos comienzan a constituirse en una mercancía. Esta crisis se originaría, en parte, en el abandono del Estado y en todos los procesos de aumento de la desigualdad social. Si el Estado no garantiza una de las funciones básicas que le corresponden, volvemos a la época medieval”, dice Calderón.

Por otro lado, el sociólogo apunta a que el tema de la seguridad también se vuelve un espacio de diferenciación social (solo quienes tienen recursos económicos pueden pagar por la seguridad, algo que debería ser un derecho ciudadano indivisible), lo cual favorece el deterioro del entramado social. “La seguridad ha dejado de ser un bien público. Uno se pregunta: ¿Qué pasa con el Estado? ¿No va a cumplir ninguna función? Hay sensación de impunidad por la delincuencia y, encima, la Policía organiza redadas en las que puede requisar a cualquiera de forma inconstitucional. ¿Quiénes salen más maltrechos? La gente que tiene menos recursos”.