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EFE / LA NACIN

Otra estocada

Aquella mañana, Colombia amaneció con un nudo en la garganta. Un país que parece vacunado contra el dolor a fuerza de convivir con la tragedia diariamente, recibió azorado la noticia que las FARC oficializaron en un comunicado que 11 diputados secuestrados en el Valle del Cauca (sureste) cinco años atrás, habían sido asesinados el 18 de junio “en un fuego cruzado con un grupo militar sin identificar” .

Mientras los familiares asimilaban la trágica noticia, Colombia sufría en silencio. La sociedad se estremecía ante un nuevo coletazo de la violencia que mostraba su cara más cruel e irracional. Fue un baldazo de agua fría para el ímpetu de un país que no quiere dejarse doblegar frente a la adversidad y que vislumbra un futuro más optimista.

Esta oscura página del país se empezó a escribir el 31 de enero de 1933, cuando se produjo el primer secuestro del que se tenga noticia. Elisa Eder, una niña de 3 años, hija del industrial Harold Eder, fue la víctima. En ese entonces, su padre pagó 50.000 pesos por su libertad; 30 años después, fue asesinado cuando intentaron plagiarlo.

Curiosamente, el caso de Elisa ocurrió en Aguacatal, en las afueras de Cali, muy cerca del lugar donde, 69 años después, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestraron a los 11 diputados cuyas muertes tienen perplejo al país y a la comunidad internacional. Sus nombres acaban de engrosar una infame lista de 1.269 muertos en cautiverio en la última década. Y es que aquí la libertad se convirtió en mercancía canjeable por plata, réditos políticos y hasta por botas de caucho y celulares.

Los pósters de los legisladores abundaron en los homenajes. AP / LA NACIN

Desde los años 90 el país viene imponiendo, en solitario, una serie de récords dolorosos.

Tienen a uno de los seres humanos con más tiempo en cautiverio: el sargento del Ejército Pablo Emilio Moncayo, a quien, literalmente, se lo está tragando la selva desde hace 3.479 días (nueve años y medio).

También es el país con el registro de más niños secuestrados: 2.700 en la última década. Uno de ellos, el pequeño Emmanuel, tuvo como parteros a sus captores, un puñado de guerrilleros que plagiaron hace cinco años a su madre, Clara Rojas, en compañía de la excandidata a la presidencia, Ingrid Betancourt.

A tal degradación ha llegado esta práctica –convertida en delito de lesa humanidad– que los huesos del ganadero Julio Calderón solo volvieron a la libertad cuando, en 1997, sus hijos cumplieron tres condiciones del Ejército Popular de Liberación (EPL): entregar una fuerte suma, unos guantes de plástico y dos bolsas negras de basura para el cadáver.

Poseen también al único canciller en el mundo, Fernando Araújo, nombrado mes y medio después de huir a pie de un campamento guerrillero en donde perdió seis años de vida, 20 kilos de peso y a la mujer que amaba.

En los últimos 20 años, el delito arreció a tal punto que, por primera vez, Colombia reaccionó en masa. A finales de 1996 se produjeron seis marchas multitudinariasdiciendo 'ya no más'.

Hoy, 11 años después, la historia se repitió. Este jueves, el país volvió a desafiar –marchando otra vez– a los “paras”, la guerrilla y la delincuencia común, que en estas dos décadas han obtenido más de $2.000 millones por la vía del secuestro.

A una sola familia, la del japonés Chikao Muramatsu, se le exigieron $25 millones –el más alto rescate de la historia colombiana– a cambio de su libertad. El industrial fue plagiado por expolicías que, en el 2001, lo “vendieron” a las FARC en 30 millones de pesos (unos $15.000). El epílogo del caso: un cadáver tirado en un paraje y un presidente (Álvaro Uribe) pidiendo perdón.

Ni la Iglesia Católica se ha salvado de este flagelo en el llamado país del Sagrado Corazón: monseñor Jesús Emilio Jaramillo, de 70 años, fue secuestrado en 1989 por otro de los grupos subversivos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, tras algunas horas y la promesa de que solo lo querían para enviar un mensaje, lo acribillaron.

EFE / LA NACIN

Y en mayo 1999, ese mismo grupo entró a la iglesia La María, de Cali, y se llevó a 180 personas, en uno de los secuestros masivos más cobardes. Un mes después, y al mejor estilo del terrorismo internacional, tomaron a 46 ocupantes de un avión que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá.

En noviembre del 2002, monseñor Jorge Jiménez y el sacerdote Desiderio Orjuela fueron las víctimas.

Pero el Ejército logró rescatarlos cinco días después sumando el caso a los 4.422 rescates militares exitosos en diez años.

Sin embargo, no todos estos operativos –hoy cuestionados por familiares de secuestrados y gobiernos como el francés– han tenido un final feliz.

Lo que ocurrió con los 11 diputados asesinados el 18 de junio aún no está claro. En medio de la incertidumbre, lo que se sabe con certeza es que todos murieron en la espesura de la selva.

Quedó un sobreviviente, Sigifredo López quien, según informaron los guerrilleros, no se encontraba en el mismo lugar de cautiverio.

Mientras el país sale de su letargo y exige la devolución de los cadáveres a las FARC –estas siguen imponiendo condiciones al gobierno para entregar los cuerpos–, las anécdotas póstumas de algunos de estos hombres han empezado a aflorar.

Por ejemplo, la de Francisco Javier Giraldo, quien tenía 32 años al momento de ser plagiado. Bien se puede decir que él nunca salió de su casa en Cali.

Y es que en la vivienda de los Giraldo Cadavid hay una réplica en cartón de un ausente que nunca se irá. Su familia lo ve por todas partes, en la habitación y la sala, vibrando con la política, una pasión que le heredó a su padre Ramón Giraldo, quien murió a causa del sufrimiento solo cinco meses después del secuestro.

Nadie estaba preparado para la muerte de Francisco al lado de otros diez diputados. Todo estaba listo siempre para verlo regresar con su buen humor.

Tres días antes de caer secuestrado, Alberto Quintero Herrera sembró un árbol de mango en una casita del municipio de La Victoria, en el norte del Valle. En más de una de sus pruebas de supervivencia, pidió que le contaran si estaba dando frutos.

Sus seis hermanos le respondían a través de mensajes radiofónicos, que ya había tenido cosecha y que lo esperaban para que probara un jugo. Cuentan que, en sus mensajes de supervivencia, se notaba su agotamiento. O quizá, lo que se percibía era su certeza de que su sueño de libertad, simbolizado en su árbol de mango, no se materializaría jamás.

Gigante también es el drama de quienes dejaron hijos pequeños. A Juan Carlos Narváez, su hija Daniela le tenía un regalo secreto. El 17 de junio, le escribió a una carta a su papá: “Quiero que vuelvas pronto, sin ti estoy muy sola. Te quiero llevar a mi escuela”, le decía. Un día después, Narváez murió en cautiverio.

El mensaje era parte de un 'diario' que le iba a regalar cuando volviera. Incluía una ‘libro-carta’ hecho para el último cumpleaños de Juan Carlos.

La niña tenía 2 años cuando las FARC irrumpieron en la Asamblea, en el centro de Cali, el 11 de abril del 2002, y se llevaron a 12 diputados, entre ellos a su papá.

El jueves Colombia se lanzó a las calle en una protesta. EFE / LA NACIN

Fabiola Perdomo, la mamá de Daniela, nunca dejó de avivar el recuerdo del esposo y padre ausente. Los planes de las dos eran para cuando él volviera y hasta llegaban a pensar en cómo irían a estar vestidas.

Todas las fotos de Daniela con su papá eran de cuando estaba bebita, pero ella hizo una especie de montaje con una foto suya reciente, en medio de sus padres.

A la niña y su mamá las había impresionado un mensaje que recibieron hace más de un año y que decía: “Estos meses han sido de persecución, marchas agotadoras, hambre y enfermedad.

El secuestro no es un paseo, es lodo espeso que embadurna hasta los tuétanos”.

Otra de las víctimas de esta masacre absurda, Edison Pérez, había externado gran angustia en su última prueba de supervivencia por la urgencia de ver a su hijo, de 12 años, para saber si pensaba que él era un mal padre.

Y esto porque, después del secuestro, en un pulso con su familia, abrieron contra él un expediente por pensión alimentaria.

Él nunca había dejado de responder económicamente por el niño, que tenía 7 años cuando a él se lo llevaron, pero en medio del cautiverio no podía hacer nada. Solo enviarle mensajes y decirle que algún día hablarían.

En las pruebas de supervivencia pedía que le informaran al juez que para él no era un deber, sino un placer, cuidar a su hijo. Le dolía porque era un abogado especialista en derecho de familia.

Ayda, la mamá del diputado, lo enteraba del proceso por mensajes de radio y, al tiempo, le mantenía intacta la habitación con sus libros y sus antiguas gafas. Ella esperaba quitar muy pronto la camiseta estampada con el rostro de Édison que tenía tendida sobre la cama de él. Y en cada diciembre montaba el arbolito de Navidad como señal de espera.