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El urbanismo por la libre

Actualizado el 30 de diciembre de 2003 a las 12:00 am

Un cáncer de desarrollo rápido

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El urbanismo es otra importante cuestión de Estado en que ha fracasado la clase política que pretende gobernar el país. Ante un proceso acelerado hacia la vida en ciudad, que en menos de veinte años duplica la población urbana en el área metropolitana y otros cantones expansivos del país, el cómo de ese urbanismo se constituye en un factor crítico para la salud y el ambiente. Pero, al igual que en otros temas igualmente claves, la actual y decadente clase política, fracasa estrepitosamente porque los elude y disimula con apariencias para ocultar que su verdadero objetivo es la explotación clientelista y de cortos alcances del poder.

En 1968, cuando la clase política estaba en mejores manos y mentes, se dictó la Ley de planificación urbana , actualmente pintada en la pared y que, no obstante sus defectos, brindó un excelente instrumento para regular el uso del suelo urbano, la distribución de los usos, la urbanización en sí, y la relación entre los espacios públicos y privados. Ciertamente que cometió el error de confiar demasiado en la capacidad de las municipalidades, sin antes agruparlos para hacer viable su accionar regulador, pero la intervención técnica que previó del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en la elaboración de los planes reguladores municipales, o su intervención sustitutiva (Transitorio II) en caso de no haber adoptado las municipalidades tales planes reguladores, ofreció alternativas razonables para que la regulación urbana fuese operante

Paso legal ignorado. Tal sistema quedó en nada, porque, cuando un municipio no tiene plan regulador (casi todos), el INVU tampoco hace nada, y el urbanizador interesado es quien, usando el “Reglamento de urbanizaciones” como si fuera el menú de un restaurante chino, entre el elenco de posibles tipos de urbanización (de interés social en adelante), escoge lo que le conviene hacer. Se omite así el paso legal decisivo de regulación para cada lugar, del uso del suelo y sus tipos de urbanización, según sus circunstancias.

Por otra parte, el INVU y Acueductos y Alcantarillado violan olímpicamente la obligación existente de que todo nuevo desarrollo en las áreas de protección de acuíferos (prácticamente todos los terrenos al norte del Virilla), debe contar con cloacas y plantas de tratamiento, y los siguen autorizando con tanques sépticos, cuyos vertidos subterráneos amenazan actualmente la potabilidad de los acuíferos de los que depende el suministro de agua a la población. De esta manera, fomentan que los costarricenses involuntariamente contaminemos con los desechos íntimos el agua que nos tomamos, además de lanzarlos sin tratamiento, en las zonas con alcantarillado sanitario (construidas por más preclaros dirigentes hace casi un siglo), a los ríos y al mar, que actualmente son vergonzosas cloacas a canal abierto.

Tugurios de concreto. También, por una mala comprensión de la privatización, se eliminó prácticamente la intervención del INVU en el desarrollo de grandes proyectos, como fueron en su momento los Hatillos, para los que se pueden reservar terrenos comprados a mejores precios, y desarrollar áreas urbanas y casas con suficiente espacio. No como los tugurios de concreto que desarrollan los proyectos privados, basados en la máxima utilidad, y que además forman parte y pagan peaje en la economía subterránea del clientelismo político. También influyó, y no poco, la irresistible tentación de repartir bonos a través de redes clientelares que aseguren votos cautivos. De esta forma, se distorsionó por completo la acción del Estado sobre el desarrollo de proyectos sociales.

El resultado, además de la contaminación de las aguas, del paisaje y de la política, es la expansión urbana insana, por hacinada y carente de suficientes espacios públicos, que en las fotografías aéreas o satelitales se aprecia como un cáncer de desarrollo rápido, que consume espacios que debieron haber ido hacia arriba y mejor aprovechados.

Fuente de bienestar. El señor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, donde hizo milagros, recordó una gran verdad en su reciente visita: los espacios públicos apropiados son la principal fuente de bienestar urbano para los que menos tienen. Aunque lo generan para todos, para los más desfavorecidos son casi su único bien, además de que estos han de contar con un espacio propio de habitación de calidad humana, y no con las cuasiconejeras que constituyen algunos de aquellos proyectos.

También en lo urbano esta clase política es enemiga de las grandes mayorías, además de serlo, por naturaleza, del interés general.

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