Enhorabuena, la posibilidad de que el Gobierno promueva planes para facilitar el acceso de la clase media a la vivienda.
Ese segmento de población ha estado ayuno, hasta ahora, de un empujón del Estado que le permita dotarse, con menos congojas, de su propio techo.
Es víctima de una paradoja: por su nivel de ingresos no califica para ser sujeto, por ejemplo, de un bono, pues está fuera de la categoría de “interés social”. Pero, al mismo tiempo, en muchos casos la economía familiar es insuficiente para hacer frente al pago de un préstamo.
La legítima aspiración de contar con una casa se complica y hasta puede convertirse en una quimera, pues también hay que atender otras necesidades muy prioritarias: alimentación, transporte, educación, salud, etc... La cobija no da para tanto.
Es imperativo, entonces, que el Estado allane el camino para que familias que no son pobres, pero tampoco disponen de muchos recursos, puedan encarar con mayores posibilidades el desafío de vivir en lo suyo.
Posiblemente, a menudo se suele pensar en la vivienda solo en términos del espacio físico para morar, para guarecerse de la intemperie, para acomodar los chunches, etc.
Sin embargo, tal aspiración es mucho más que eso. La posesión y usufructo de un techo provee no solo de seguridad física y abrigo, sino también de confianza, tranquilidad y sensación de autodeterminación y dominio.
Porque cuando se alquila casa o apartamento, solamente se paga por el derecho de habitar. Después, el inquilino no tiene ni voz ni voto. No es dueño de nada, ni siquiera de poner un clavo...
De allí que, entre las cuatro paredes propias, se ejerce un autogobierno que permite a la familia decidir y modificar, y el único límite está dado por el respeto al derecho de los demás.
Así, una política de promoción de la vivienda para estratos medios sin duda contribuirá a la solución de un problema social y económico, y dará un soporte emocional a decenas de miles de núcleos familiares.
Hace casi 25 años, la primera administración Arias Sánchez (1986-1990) dio un espaldarazo a la casa de interés social para favorecer al sector más desposeído de Costa Rica.
Ahora es justo y oportuno que las autoridades cierren ese limbo en que han quedado las personas de la clase media, y no se las condene más a tener que jugársela como puedan.