¿Por qué, tan a menudo, a los seres humanos nos cuesta entender lo sencillo y, en cambio, optamos por complicarlo?
Una muestra de lo anterior fue la resistencia, con las uñas, del exalcalde generaleño Luis Mendieta frente al veredicto popular (un apabullante 81,5%) que le exigía dejar el cargo.
En una consulta libre y limpia, Mendieta recibió un mensaje clarísimo, inequívoco: la inmensa mayoría de quienes votaron el 18 de diciembre deci- dieron que no confiaban en él como cabeza del gobierno de Pérez Zeledón y, por tanto, tenía que irse. No había más.
Eso era lo que tenía que comprender y acatar. Así como llegó al puesto por decisión del pueblo –depositario de la soberanía–, igualmente debía ceñirse al mandato de quienes ahora querían un cambio.
Esta voluntad se expresó en un plebiscito con reglas precisas que establecen una mayoría calificada (dos tercios de los votos emitidos) para destituir al alcalde. Además, esas dos terceras partes no pueden ser inferiores al 10% del total de los electores inscritos en el cantón. Ambas condiciones se cumplieron en Pérez Zeledón.
Pero no bastaron. Mendieta optó por aferrarse al cargo con tozudez y absoluta carencia de sentido común, y echó mano a impugnaciones por medio de dos recursos de amparo –rechazados por la Sala IV– y una acción de inconstitucionalidad –pendiente de resolución, pero que no afectará el retiro de sus credenciales por el Tribunal Supremo de Elecciones–.
Cada vez me convenzo más de que el poder es una especie de narcótico para una buena cantidad de mortales. Les impide actuar con coherencia y los obnubila al punto de atarse a él como si de veras constituyera una pertenencia suya.
La experiencia en aquel cantón del sur marcó un hito y un avance en la democracia costarricense. El mal desempeño puede ser objeto de sanción, así como la gestión satisfactoria es posible reconocerla en las urnas con una reelección.
Queda por resolver la acción de inconstitucionalidad contra el Código Municipal y el reglamento para los plebiscitos, que supuestamente violan la Carta Magna y el Pacto de San José.
Habrá que esperar el pronunciamiento de los magistrados y, si estos concluyen que deben hacerse cambios, proceder para que los ciudadanos no pierdan esa conquista que significa la posibilidad de revocar el mandato a los alcaldes.