Opinión

EDITORIAL

¿El “peaje” al Central?

Actualizado el 22 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Es preciso rechazar el proyecto de ley que pretende trasladar al Banco Central la administración del fondo constituido por el “peaje” bancario. El Banco Central no fue creado para funcionar como banco comercial ni, mucho menos, como banco de desarrollo

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Un peregrino proyecto de ley,elaborado por la diputada Patricia Pérez, del Movimiento Libertario, y aparentemente apoyado por otras fracciones legislativas, incluyendo el PAC, pretende trasladar al Banco Central el fondo constituido por la carga impuesta a los bancos comerciales privados para poder operar cuentas corrientes y de ahorro, equivalente al 17% de los depósitos, conocido como “peaje bancario”. El proyecto debe ser rechazado ad portas.

Para empezar la discusión, el “peaje” es un impuesto disfrazado sobre la actividad bancaria que nunca debió haberse establecido por ser discriminatorio y distorsionante de la intermediación financiera. El gravamen estriba en el costo de oportunidad que resulta de mantener ocioso un elevado porcentaje de las captaciones del público sin poderlas utilizar en operaciones activas de crédito. Funciona de manera similar a los encajes que establece el Banco Central con fines de regulación monetaria. Ambos deberían computarse para calcular el verdadero porcentaje de la carga tributaria en términos del PIB.

El fondo actualmente representa un total de $320 millones (unos 160.000 millones de colones) totalmente improductivos para los bancos comerciales privados, cuyo costo, desde luego, en alguna forma se traslada a las tasas de interés y eleva el margen de intermediación financiera. El peaje, más bien, debería derogarse para nivelar la cancha en el mercado financiero, uniformar las reglas de juego, estimular la competencia y reducir el margen de intermediación, uno de los más altos del mundo. El proyecto ignora esta situación y tiende a perpetuarla en perjuicio de la producción nacional.

Pero el daño va más allá. Pretende eliminar la regulación técnica establecida por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para preservar la integridad de los depósitos bancarios que, en buena teoría, no les pertenecen a los bancos privados, sino a los depositantes. Y el Estado, aunque tenga otros fines, no debe jugar con ellos.

El riesgo involucrado en las operaciones de desarrollo es aún mayor, según la experiencia recogida aquí y en otras partes del mundo, especialmente si se considera que la banca de desarrollo tiene por objetivo financiar a personas y empresas que no son sujetos de crédito en la banca comercial convencional, por no tener garantías, experiencia comercial ni productiva, o porque la rentabilidad de los proyectos es insuficiente para asumirlos normalmente. Por esa razón se les aplican las mismas normas prudenciales y de suficiencia patrimonial que recaen sobre los bancos, y deben aprovisionarse como las demás operaciones crediticias. Eximirlos de la regulación normal, como pretende el mencionado proyecto, es una invitación directa al mal manejo bancario y pérdidas de operación en el futuro.

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Pero lo más negativo es tratar de trasladar la administración del fondo constituido por los recursos del “peaje” al Banco Central, que no está sujeto a las normas prudenciales ni de suficiencia patrimonial aplicables a los bancos comerciales. Eso contraviene la especialidad orgánica de esa institución, cuyo objetivo primordial es controlar la inflación, mediante una política monetaria responsable, y velar por la estabilidad externa de la moneda.

El Banco Central no fue creado para funcionar como banco comercial ni, mucho menos, como banco de desarrollo. Tampoco tiene los recursos humanos ni la experiencia necesaria para emprender esas funciones, que son típicamente microeconómicas y no de carácter general o macroeconómico, para lo cual sí posee amplios conocimientos y los instrumentos apropiados. La experiencia vivida en el pasado con la aventura de la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa), establecida también mediante una ley, fue muy desafortunada, por decir lo menos. Provocó inflación y dejó elevadas pérdidas de operación que todavía se están pagando e influyen en la inflación. Por eso se reformó la ley en su oportunidad.

Incurrir en el mismo error, como si nada hubiéramos aprendido, equivaldría a volver al pasado. Si los diputados insistieran en aprobar el proyecto, haría bien el Poder Ejecutivo en vetarlo sin mayores consideraciones.

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