Un panorama inquietante

Tal es la visión que, con abundantes pruebas y fundamentados análisis, pone de manifiesto el Informe mundial 2010 sobre derechos humanos que divulgó, el miércoles, la prestigiosa organización no gubernamental Human Rights Watch. Se trata de un documento esencialmente aterrador, pero que también resalta cómo, en medio del sombrío panorama, existen algunas mejoras y, sobre todo, tenaces esfuerzos, en la lucha por la dignidad humana.

El Informe, de 612 páginas, es el vigésimo elaborado por la institución. En su introducción, combina la esperanza con el desamparo, al explicar cómo, frente a una creciente capacidad de las ONG defensoras de los derechos humanos para denunciar a sus violadores, también han crecido el asedio, las prohibiciones y la intransigencia de estos en su contra. Con sólido respaldo fáctico, pasa revista a la situación en 90 países. En América Latina, pone énfasis en los casos de Cuba, Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Bolivia, pero sin olvidar otros, como los de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Además, incluye tres capítulos temáticos, dedicados al maltrato a los pacientes, la situación de los migrantes, y la protección de la población civil del Medio Oriente, de cara a los grupos armados.

En nuestro hemisferio, Cuba se mantiene como el caso más dramático y ofensivo a la conciencia democrática. El traslado de la cúpula máxima del poder de Fidel a Raúl Castro no ha traído ninguna mejora apreciable. Por esto, se mantiene como “el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político”, y su Gobierno “se niega a reconocer la legitimidad de cualquier organización independiente de derechos humanos”. En su lugar, se parapeta tras grupos totalmente controlados por el régimen, y manipula los juegos de intereses que prevalecen en el cada vez más deslegitimado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para evitar condenas en su contra.

Sobre Venezuela, el documento lamenta el control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, la debilitación sistemática de la libertad de expresión, de la sindical y de la acción de los grupos de la sociedad civil, así como los abusos policiales y las condiciones carcelarias, que “se encuentran entre las más deficientes del continente”.

En su vecina Colombia, la acción de narcotraficantes, guerrillas y paramilitares, junto a excesos de cuerpos de seguridad oficiales y los intentos del presidente Álvaro Uribe por enmendar la Constitución para reelegirse por segunda vez, conforman una situación de evidente gravedad.

En Guatemala, resalta la acción creciente del crimen organizado en un ambiente de impunidad e incapacidad del Estado; en México, los abusos en el marco de la lucha contra el narcotráfico; en Honduras, las medidas represivas del gobierno de Roberto Micheletti para tomar control tras el golpe contra Manuel Zelaya, y en Bolivia, la precaria institucionalidad, la impunidad y los enfrentamientos entre grupos, algunos de ellos instigados desde el Gobierno.

Que muchas de las violaciones en América Latina, aunque no las más graves, se den en países con democracias relativamente funcionales, indica cuánto tenemos que avanzar aún en la depuración institucional y la acción de un verdadero Estado de derecho. Pero la despiadada actitud de un régimen como el de Castro, en Cuba, recuerda algo aún más básico: la necesidad de presionar por un cambio en la isla que deje atrás su oprobioso oscurantismo represivo.

Las violaciones a los derechos humanos se mantienen como una constante alrededor del mundo y, por desgracia, América Latina no es excepción. Aunque los casos más dramáticos y aberrantes se dan en países de otros continentes, como Yemen, Sudán, Corea del Norte o Turkmenistán, en nuestro hemisferio proliferan múltiples atentados contra la integridad, la libertad y las garantías básicas de las personas.