9 febrero, 2015

Pocos días atrás, la Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría efectuada sobre los modelos de evaluación del desempeño aplicables en los bancos públicos comerciales, sistemas que incluyen un incentivo salarial por el incremento en la productividad y los resultados institucionales.

La Contraloría valoró lo dispuesto en las políticas y la normativa aplicables en la materia, establecidas durante el período 2006-2012 por los mencionados bancos, así como, su efecto sobre los costos operativos y las utilidades generadas, evidenciando una serie de hallazgos que, a su criterio, ameritan revisión.

Sin ánimo de agotar el análisis de tan extenso tema, quisiera efectuar algunas reflexiones que desde un enfoque del derecho laboral conviene considerar en relación con estos modelos.

La aplicación de sistemas de evaluación y pago de incentivos por desempeño ha dejado de ser una práctica de uso exclusivo del sector privado, para convertirse en una iniciativa, también, utilizada por diversas instituciones públicas, especialmente por aquellas que se desenvuelven en un escenario de competencia.

Este escenario demanda eficiencia y competitividad en la prestación de servicios y la gestión de recursos, por parte de cada entidad, incluido el personal que labora para la organización.

Ahora bien, previo a la implementación de los modelos mencionados, es recomendable verificar cuáles son las facultades que ostenta la institución, como patrono, para proceder con la definición de su política salarial, lo que incluye el pago de incentivos con base en la productividad y eficiencia del personal y la misma institución.

Aspectos claves. Superada la verificación de las potestades legales antes citadas, resulta de gran relevancia que el pago de los incentivos económicos, a la productividad y eficiencia, se encuentre ligado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; caso contrario, se podría correr el riesgo para la entidad de pagar a sus colaboradores montos importantes por algo que no ha sido de impacto para su actividad.

Realizado el vínculo entre la eficiencia institucional y la productividad de cada empleado, podemos decir que el pago será justificado, siendo esto esencial para el sector público, a fin de realizar un buen uso de fondos públicos.

Adicionalmente, es necesario emitir disposiciones internas que de forma clara regulen las condiciones y términos aplicables para el respectivo modelo, por ejemplo, requisitos para el pago, monto del pago, consecuencias en caso de incumplimiento, entre otros aspectos.

Dentro de estas disposiciones, no podemos descartar las convenciones colectivas que puedan suscribirse, o que ya existan, dado que la misma norma convencional, con su carácter de ley profesional, puede ser de utilidad para reafirmar la posibilidad evaluar y compensar el desempeño sobresaliente, entre los trabajadores de la entidad.

El objetivo de fomentar niveles de eficiencia y productividad sobresalientes genera un ambiente propicio para la medición del desempeño de los colaboradores de las entidades públicas.

Esta realidad, lejos de ser vista como una práctica negativa, puede ser una alternativa para la mejora en la operación.

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