Opinión

Tres informes, una conclusión

Actualizado el 23 de octubre de 2003 a las 12:00 am

Obstáculos para el desarrollo y para combatir la corrupción

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En dos semanas han salido publicados tres informes distintos que desnudan uno de los problemas más importantes que afronta Costa Rica para avanzar en la senda del desarrollo económico: el de la excesiva regulación gubernamental.

El primero de ellos es un estudio del Banco Mundial titulado Haciendo negocios en el 2004, que mide los costos de cinco funciones básicas para llevar a cabo negocios en 130 países. Entre los apartados estudiados se encuentran cómo las regulaciones y los sistemas legales afectan la habilidad de las compañías para registrarse con el gobierno, obtener crédito, contratar y despedir empleados, hacer cumplir contratos y atender procesos de bancarrota.

Los autores encontraron que Costa Rica, junto con Burkina Faso, Malí, Mozambique, Chad y Bolivia, entre otros países, cuenta con uno de los 10 sistemas regulatorios más ineficientes del mundo. Las consecuencias de dicho descubrimiento pueden ser vistas en dos informes que han sido publicados en las mismas fechas.

Al margen del amparo. Uno de ellos es el Índice de corrupción mundial elaborado por la organización Transparencia Internacional, en el cual Costa Rica cayó 10 lugares al puesto 50 de 133 países estudiados. El otro documento es el Informe sobre trabajo decente elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual señala que el 42% de los costarricenses trabajan en el sector informal, es decir, al margen del amparo del estado de derecho.

La relación entre regulaciones excesivas por un lado, y corrupción e informalidad por el otro, ha sido comprobada una y otra vez por estudios y libros como El otro sendero, del economista peruano Hernando de Soto. Este encontró que, conforme el aparato regulatorio de un país hace más difícil que la gente pueda empezar un negocio por mecanismos legales, más personas optarán entonces por la informalidad. También demuestra que aquellos que se deciden por atravesar el vía crucis regulatorio, afrontarán todo tipo de obstáculos y trabas que muchas veces podrán ser superadas únicamente mediante el pago de sobornos a los burócratas. Es así como nace la corrupción pública.

Costos y pobre desempeño. El sector informal afronta serios costos que se traducen en un pobre desempeño económico para el país que cuenta con un amplio porcentaje de su fuerza laboral fuera del margen de la ley. Entre estos se encuentra la falta de acceso al crédito, seguros, servicios básicos, la imposibilidad de recurrir al sistema legal para hacer cumplir contratos, y el desperdicio que representa la falta de aprovechamiento de las economías de escala. Además, los informales deben dedicar gran parte de sus recursos a evadir a las autoridades que los persiguen, y no pueden publicitar sus actividades abiertamente como hacen los negocios formales.

Costa Rica no puede avanzar hacia el desarrollo económico ni podrá combatir efectivamente la corrupción pública si el peso regulatorio obliga a que el 42% de sus habitantes lleven a cabo actividades comerciales fuera de la protección que brinda la ley. De ahí es que resulte imperativo que las autoridades presten la atención adecuada al tema y reduzcan el tremendo peso que significa la excesiva regulación de la actividad empresarial.

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