El decretopresidencial pro derechos LGBT riñe con la legislación vigente

 24 mayo, 2015

El pasado 15 de mayo en la “Casa de Cristal”, en el contexto de la celebración del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, ante un selecto grupo de personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual y trans (LGBT), funcionarios del Gobierno y periodistas, la vicepresidenta Ana Helena Chacón anunció el decreto ejecutivo N.° 38999, denominado Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa.

El artículo 5 del decreto da un período de seis meses para que los órganos del Poder Ejecutivo reformen sus normativas internas sobre: la definición de compañero o término similar, como aquella persona que convive en unión libre, en forma estable y bajo un mismo techo con otra del mismo sexo por un año o más; el otorgamiento de licencias en caso de enfermedad grave o fallecimiento del compañero; y el establecimiento de un régimen sancionatorio frente a acciones discriminatorias por razones de diversidad sexual.

Tras la actividad sobraron las muestras de agradecimiento y felicitación para el Gobierno. Así, el presidente apaciguó las críticas por la debilidad e inercia mostrada en su primer año ante la Asamblea Legislativa en esta materia.

Unos y otros salieron satisfechos: por un lado, los alquimistas jurídicos que crearon la ilusión óptica de igualdad, pues por esa ruta eluden el costo político de luchar por una ley que reconozca los derechos de las parejas del mismo sexo; por el otro, los privilegiados funcionarios públicos gais, porque creen haber hallado el oasis donde saciar su sed de igualdad –olvidándose del resto de los mortales–. A ellos deben sumársele, evidentemente, los actores sociales y políticos que se oponen a otorgar a los homosexuales los mismos derechos –legales y constitucionales- que goza el resto de la población. Sin embargo, para disgusto de todos, la realidad es otra.

Si bien el Poder Ejecutivo puede emitir normas jurídicas, como decretos y reglamentos (función legislativa genérica), la validez de estas normas inferiores está subordinada a su conformidad con la Ley formal dictada por el Poder Legislativo (principios de división de poderes y reserva legal). Así lo estableció la Sala Constitucional en el voto 5445-99 .

Jerarquía jurídica. Sin embargo, don Luis Guillermo Solís, al mejor estilo de Luis XlV y su forma de gobernar bajo el principio “ L’ État c’est moi ” (el Estado soy yo), anuló el artículo 242 del Código de Familia (potestad del Poder Judicial), que regula “la unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer”, dictando un decreto que cambia la “definición de compañero (a) o término similar, como aquella persona que convive en unión libre, en forma estable y bajo un mismo techo con otra del mismo sexo por un año o más” (potestad del Poder Legislativo).

En este mismo sentido, la creación de órganos administrativos sancionatorios y el establecimiento de sanciones es más que discutible, al carecer de una norma legal que los autorice, expresa o implícitamente. Lo que no significa que, tal como lo dispone la Ley General sobre VIH - Sida (art 48), no pueda accionarse judicialmente ante situaciones de discriminación por orientación sexual.

El Estado tiene una gran deuda con la población LGBT, pero esta no puede saldarse con un cheque sin fondos que hace creer a las parejas del mismo sexo que tiene derechos que la ley no les reconoce. El respeto a la Constitución y a las leyes es un camino muchas veces lleno de obstáculos, y los derechos humanos no son la excepción.

En el 2003, inicié la lucha por los derechos civiles de las parejas del mismo sexo, y solicité que se declarara inconstitucional la prohibición del matrimonio homosexual. Entonces y hoy, mis detractores –incluyendo representantes de organizaciones LGBT– dijeron que apuntaba demasiado alto y que la sociedad no estaba preparada para ese cambio. Ese fue un momento decisivo en nuestra historia: fuimos capaces de alzar la voz y hacernos visibles. Al igual que los fundadores de la República, decidimos luchar por nuestros derechos y vencer los miedos que nos impedían desarrollarnos y crecer como personas libres e independientes. Con los años, la mezquindad y prejuicios de los políticos han construido una barrera infranqueable que nos mantiene relegados a ser ciudadanos de segunda categoría. Pero nuestro espíritu de lucha no ha decaído; al contrario, cada día se fortalece más y más.

No dudo que llegará el día en que la patria nos tratará como hijos legítimos, como lo hace con nuestros hermanos heterosexuales, y no como bastardos. Pero para que la conquista perdure y se consolide en la conciencia nacional, debemos respetar con fidelidad la Constitución.

El decreto N.° 38999 nos aleja de este camino, y este es el momento de decirlo; no debemos esperar a que otros lo digan por nosotros. Si realmente queremos producir un cambio significativo en el actuar y pensar de nuestra sociedad, y contribuir a disminuir la violencia de la intolerancia en todas sus formas, debemos ver más allá de nuestros intereses personales rechazando aquello que, aunque conveniente, se haya obtenido con la violencia de la ilegalidad.

Si de verdad queremos cambiar el rumbo de este país, y no simplemente ganar una pelea, debemos aceptar el desafío de ser coherentes y consecuentes con nuestra lucha. Al hacerlo, quienes hoy nos atacan se convertirán en nuestros aliados y defensores, pues verán en nuestra lucha las suyas reflejadas. La justicia tiene la magia de producir esa empatía.

La historia nos ha dado el privilegio de contribuir a la grandeza de esta nación. No desperdiciemos esta oportunidad ahogándonos en un espejismo.

El autor es abogado constitucionalista