Confieso que inicialmente me incliné por no contestar el más reciente ataque del Sr. René Castro Salazar. Me resulta algo indigno tener que polemizar con quien es el principal responsable de que el próximo 8 de mayo la Administración Chinchilla Miranda pase la inédita vergüenza de entregar una Costa Rica con parte de sus 51.100 kilómetros cuadrados en un limbo jurídico. Sin embargo, al referirse a la política exterior de la segunda Administración Arias Sánchez (2006-2010), me corresponde sentar las verdades del caso dado que tuve el privilegio de servir como Ministro de Relaciones Exteriores durante todo el cuatrienio.
En mi anterior respuesta ( La Nación, 3/6/2013) a su inverosímil interpretación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 13 de julio 2009, ya expuse al Sr. Castro Salazar como el principal responsable – de este lado de la frontera con Nicaragua– de la afectación de nuestros intereses nacionales y derechos consagrados por el Tratado Cañas-Jerez de 1858 y el Laudo Cleveland de 1888 y reafirmados por la CIJ en la sentencia ya citada. Sostengo todo lo dicho en dicha respuesta, lo cual se ve ampliamente confirmado, ya entrada la Administración Chinchilla Miranda, por las audiencias orales de las partes ante la CIJ entre el 11-13 de enero del 2011. Las transcripciones de dichas audiencias revelan que Nicaragua tiene muy claro cuáles declaraciones, acciones y omisiones le sirven de “evidencia” contra Costa Rica: casi todas se originan en el Sr. Castro Salazar.
Tan responsable es el Sr. Castro Salazar de la agresión territorial y ambiental sufrida de parte de Nicaragua que en sus argumentos ante la CIJ la Administración Chinchilla Miranda tuvo que recurrir a una nota de protesta enviada por el suscrito el 27 de agosto del 2009 (DM-637-09) para contener los efectos de la mala praxis del Sr. Castro Salazar. La actual administración también tuvo que reapropiarse de la nota certeramente remitida por el entonces vicecanciller Carlos Roverssi Rojas el 12 de julio del 2009, y que el Sr. Castro Salazar desautorizó al ir a pedir unas innecesarias disculpas a Managua, para así minimizar la mala praxis. Mientras Nicaragua insiste en sacar provecho de las declaraciones y acciones del Sr. Castro Salazar ante la CIJ, Costa Rica evita pronunciar su nombre.
Lo único cierto del revisionismo histórico que ahora practica el Sr. Castro Salazar es que Nicaragua malintencionadamente buscó que la CIJ ampliara –a beneficio de Nicaragua evidentemente– el artículo 3, incisos 4 y 6, del Laudo Cleveland. En efecto, Nicaragua solicitó que la CIJ le otorgara el “derecho a dragar el San Juan con el fin de devolver el flujo de agua a aquella obtenida en 1858, aun cuando esto afecte el flujo de agua de otros beneficiarios actuales de este flujo, tal como el Río Colorado” (párrafo 153 de la referida sentencia). Salvo el punto de partida, la interpretación que a estas alturas ofrece el Sr. Castro Salazar no es nada más que una cortina de humo que tergiversa lo que la CIJ dictaminó. Gracias a lo estipulado en el mismo Laudo Cleveland, y a lo argumentado por Costa Rica entonces, la CIJ rechazó las pretensiones de Nicaragua al confirmar, en inglés y francés, con igual fuerza, que “como Nicaragua no ha ofrecido ninguna explicación de por qué el Laudo no es suficiente para aclarar los derechos y obligaciones de las Partes con respecto a estos asuntos, su reclamo en este sentido debe ser rechazado ” (párrafo 155). Este rechazo ad portas es tanto más contundente tomando en cuenta que Nicaragua incluso indicó que estaría “satisfecha con una ‘declaración’ [en este sentido] aparecer en cualquier parte de la sentencia, sea como párrafo operativo o simplemente en la exposición de motivos”.
La interpretación del Sr. Castro Salazar termina de revelar que nunca leyó dicha sentencia (o que no tiene conocimientos de inglés ni francés y por esto necesita a estas alturas una traducción). Similar actitud ha tomado recientemente al emitir criterio contra permisos de explotación minera o estudios para la refinería que el mismo autorizó y/o aprobó en el pasado. Ahora resulta que en su desesperación por colarse y ser candidato a diputado, todos sus errores se deben a sus antecesores. Esta es su línea de defensa en relación con la minería, la refinería y quién sabe qué otros entuertos que aún no han salido a la luz pública gracias a la red de cuido.
En La Letra Escarlata, de Nathaniel Hawthorne, la protagonista porta una “A” escarlata como castigo por haber cometido adulterio. El Sr. Castro Salazar aparentemente necesita cortinas de humo para ocultar la “A” que siempre portará por su adulterio de los derechos consagrados a Costa Rica en el río San Juan y por la agresión territorial y ambiental que Nicaragua perpetró aprovechándose del ingenuo apaciguamiento practicado por el Sr. Castro Salazar. Esa letra escarlata le debe pesar bastante, suficiente para que siga a estas alturas, desde otro ministerio, comprometiendo nuevamente los derechos de Costa Rica ante la CIJ con sus inverosímiles interpretaciones.
Bruno Stagno Ugarte Exministro de Relaciones Exteriores y Culto.