18 octubre, 2014

El pasado 13 de setiembre, el editorial de La Nación se refirió a los resultados del Índice de Gestión Municipal del periodo 2013 realizado por la Contraloría General de la República. En este índice, por medio de 61 indicadores relacionados con cinco ejes, se les asigna una calificación a los 81 municipios.

Compartimos la preocupación por la calificación promedio del total de las municipalidades (56,3 de 100) y por el claro rezago en el que se encuentra algunos cantones a lo largo de los nueve informes elaborados. Sin embargo, con el objetivo de aportar más en el debate alrededor del tema de la eficiencia y la transparencia municipal, creo necesario plantear algunas aristas sobre el informe y la labor municipal en procura de una mayor criticidad para mejorar la veracidad del estudio y, por ende, de las respectivas soluciones.

Puntos por mejorar. Sin duda estamos frente a información valiosa, resultado de un minucioso trabajo por parte de la Contraloría, en el cual, mediante el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), un funcionario, asignado por el alcalde o alcaldesa, introduce la información correspondiente. Es justamente esta designación “a dedo” la que me hace dudar sobre la confiabilidad de la información brindada, ya que no queda claro las características idóneas que tendría que cumplir la persona asignada. Nos podríamos estar encontrando con municipios que son más eficientes para hacer informes que para desarrollar sus tareas.

Siguiendo con el informe, es común encontrar bajas calificaciones en áreas que no se pueden disimular ante la mirada de los ciudadanos, como el aseo de vías y sitios públicos, y la recolección de residuos; sin embargo, las calificaciones se elevan considerablemente cuando se trata de las áreas de rendición de cuentas, recursos humanos y contratación administrativa, lo cual permite subir la nota promedio total por cantón. Un ejemplo de este comportamiento es la Municipalidad Cartago, que se calificó con un 99,82 en contratación administrativa, con un 100 en recursos humanos y con otro 100 en Rendición Cuentas.

Sería un sano ejercicio consultarle a la ciudadanía y a los grupos organizados sobre la veracidad de dichos mecanismos de rendición cuentas.

No se trata de hacer de la desconfianza el motor del análisis del informe, sin embargo, me parece que los funcionarios indicados para desarrollar estos informes son los departamentos de auditoria municipal, por la información que manejan, por los requisitos académicos que se les exige y por la vinculación que mantienen de forma constante con la Contraloría General del República. Considero injustificable su ausencia a lo largo de este proceso.

Sin duda, la tarea para generar mayor eficiencia y transparencia en los gobiernos locales es grande, y para conseguir estos dos objetivos es fundamental una mayor rigurosidad y control en la labor de las autoridades municipales.

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