22 octubre, 2014

Los cambios sociodemográficos que ya se suscitan en Costa Rica, producto esperable de una sociedad que históricamente ha procurado mejorar la calidad de vida de sus habitantes, obligan a planificar transformaciones substanciales en los patrones de interacción con el entorno inmediato, avanzando hacia la vivienda adecuada en barrios y ciudades accesibles para todas las personas.

Los resultados del X Censo Nacional de Población y el VI de Vivienda de 2011 confirman las tendencias demográficas de aumento en la expectativa de vida y la reducción de las tasas de mortalidad y natalidad. Además, indican que al menos 1 de cada 10 costarricenses es persona con discapacidad, de las cuales 140.000 tienen “dificultades para caminar o subir gradas” y la mitad limitaciones relacionadas con la visión.

En cuanto a la vejez y el envejecimiento, proceso natural con incidencia directa en la prevalencia de discapacidad, un 5,6% de la población costarricense tiene 65 años de edad o más. Para el año 2050, el INEC proyecta que este grupo etario será el de mayor crecimiento, al pasar de 316.000 a más de un millón de personas, en total 1 de cada 6 habitantes. Asimismo, en el presente, en promedio, en 1 de cada 5 hogares vive una persona adulta mayor.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares 2103 (Enaho), el 71,6% de las viviendas son habitadas por sus propietarios y un 33% se encuentran en estado regular. Si esto se acompaña con el aumento de la población de jubilados y pensionados sin capacidad económica real para dar mantenimiento adecuado y oportuno a su casa, se podría asociar también con el incremento del deterioro en las viviendas. Los años pasan factura a las personas, así como a las viviendas.

Paralelamente, un estudio del 2014 de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) revela que un mayor porcentaje de personas con discapacidad habita viviendas en regular o mal estado respecto de la población en general.

Diseños adaptados. Los datos aquí expuestos constituyen una sólida línea de base para un debate participativo que trascienda el sistema financiero nacional para la vivienda, puesto que la demanda real por vivienda se incrementará, así como la de ciudades planificadas con criterios de accesibilidad y diseño universal, entendido este como un “diseño de cualquier servicio, producto, sistema o entorno aptos para el uso del mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado” (Center for Universal Design, 2006). Esto no implica un incremento en los costos de las obras: es un asunto de diseño. El Estado, la industria de la construcción, el Colegio de Ingenieros, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las de poblaciones mayores y discapacitadas, deben investigar y evaluar modelos de costos, estructuras y tipologías arquitectónicas accesibles y con enfoque de género.

Surge así la trascendencia de abordar anticipadamente el irreversible proceso de envejecimiento de la sociedad costarricense y la necesidad de generalizar, razonablemente, la nueva vivienda de interés social con rampas, puertas, pasillos y baños adecuados, entre otras características de accesibilidad; estimular efectivos programas de bono y crédito para mejorar la vivienda ya existente y, complementariamente, destinar recursos para tornar accesibles los espacios urbanos y comunitarios. En el país se dispone de suficiente normativa legal y especificaciones técnicas producidas por el Ministerio de Vivienda, el Consejo de Rehabilitación y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco).

Este desafío nacional no sólo implica aumentar la calidad y cobertura de servicios especializados de salud y de cuido, sino que, al mismo tiempo, se debe crear un nuevo hábitat con bienes, productos y servicios públicos y privados inclusivos, contemplando vivienda, edificios, equipamiento urbano, espacios públicos, transporte y ciudades ambientalmente sostenibles, culturalmente pertinentes y con entornos y sistemas accesibles. Así debe ser, independientemente de edad o discapa-cidad.

Este imperativo ético y legal se fundamenta en una emergente realidad social, cultural y económica, que involucra a todos y todas, puesto que cada vez se vivirá más años, y aunque hoy usted sea joven, en el futuro también se incrementarán sus responsabilidades, no sólo con sus hijos e hijas, sino que además con sus padres, abuelos e incluso hermanos.

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