En estos tiempos en que apenas se inicia la campaña política en nuestro país, recordé la anécdota de unos pobladores de la barriada Tepito, suburbio del Distrito Federal (México), quienes, avisados de la visita que haría el candidato a diputado, se organizaron para recibirlo con mariachis, bombos y platillos, y colocaron en la entrada del barrio una enorme pancarta que decía: “No más obras ni realidades. Queremos promesas”.
Creo que los ticos, emulando la picardía mexicana, podemos también recurrir a esa sutil ironía, y mostrar pancartas en ciertas instancias de la Administración que digan: “No más soluciones. Tramitomanía ya”.
Porque, contrario a lo que afirman algunos funcionarios, la tramitomanía está viviendo sus mejores momentos. Dos ejemplos confirman mejor lo dicho.
1. Ante la urgente necesidad de talar las ramas de un árbol de guanacaste, dañado en su tronco, y tratando de evitar el peligro que acarrearía a trabajadores, recolectores de café o escolares, solicité al Minae el permiso correspondiente para efectuar la tala.
Siete requisitos había que cumplir para aprobar la solicitud, que iban, desde la presentación de la escritura de la propiedad, plano catastrado, certificación del Registro Nacional, autorización por escrito de los dueños de la propiedad; constancia de los usufructuarios de no ser morosos y estar al día en el pago de las planillas de la CCSS, visita del inspector forestal, etc.
Cumplidos puntualmente los siete requisitos, la solicitud fue denegada. Se adujo, como razón, una diferencia de tres metros cuadrados, entre el área que reportaba el plano catastrado, y el área del Registro Público.
Los funcionarios de turno sugirieron, para corregir el yerro, que el topógrafo haga una nueva medición de la propiedad con su respectivo plano catastrado, y que un notario público redacte una nueva escritura con la debida rectificación de medida. Es decir, volver a presentar la documentación arrancando de cero, pues las certificaciones caducan cada quince días. Desde luego, opté por dejar las cuatro ramas in situ, implorando porque su inminente caída no cause daños a propios y a extraños.
2. La Oficina Regional del Registro Civil, TSE, en Grecia, solicitó a la sociedad que represento la construcción de un servicio sanitario para el uso de las personas con discapacidad.
Al atender la solicitud que consistía en construir una obra de 2x3 m (6 m²), encontré que, de previo, debían cumplirse 11 requisitos: solicitud del permiso de construcción, personería jurídica de la sociedad, plano catastrado y visado, constancia de pago de impuestos al día, diseño y planos constructivos firmados por un ingeniero colegiado, permiso del Ministerio de Salud, solicitud de uso de suelo, aprobación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, póliza del INS, aprobación del Cuerpo de Bomberos local para ubicar lámparas y extinguidores, alineamiento del MOPT, por tratarse de una ruta nacional.
Después de largos seis meses de trámites, aún espero la luz verde para iniciar esa megaconstrucción de 6 m². Mientras tanto, las personas con discapacidad continúan esperando pacientemente que se les solucione el problema.
La pregunta obligada que surge es la siguiente: ¿tan enquistados están estos tumores en la Administración, que no exista bisturí capaz de extirparlos? ¿O será acaso una estrategia subrepticia o solapada para justificar la injustificable maraña burocrática?
Por lo pronto, seguiremos pregonando, como los vecinos de Tepito, ¡Qué viva la tramitomanía!