EscucharPara las personas matriculadas en el proyecto de reescribir la historia reciente de Costa Rica alrededor del expresidente Oscar Arias, cuestionar algunas decisiones de su querido líder es cosa de ideólogos del desmantelamiento del Estado, o de desalmados carentes de empatía por los desposeídos, o de “economicistas” incapaces de ver más allá de los fríos números.
Cualquier ocurrencia es buena para descalificar a quienes no giramos como satélite alrededor de su astro rey.
Mi artículo “Los ocho años que quebrarán a Costa Rica” ( Opinión, 23/11/2015), donde analicé los efectos de algunas políticas adoptadas en el 2008, ha suscitado al menos cinco respuestas en este y otros medios. Todas intentan desacreditar con alguno de esos epítetos a quienes pensamos que para resolver la crisis fiscal sin desatender las necesidades de la ciudadanía es imperativo reducir el gasto e introducir eficiencia en la gestión pública.
Todas, sin excepción, presentan una visión acrítica de la administración Arias que no resiste un estudio serio. Precisamente por eso, mayoritariamente rechazan el análisis basado en datos que propongo. Los argumentos son variopintos, pero su objetivo común es desviar la atención.
Según don Claudio Alpízar, “en las soluciones del 2009, todos los economistas terminaron siendo keynesianos”, afirmación carente de sustento. Quien se vaya a declarar keynesiano, debería al menos tomarse la molestia de leer lo que dijo el maestro. Keynes nunca habría aprobado incrementar el gasto público permanente para compensar una caída transitoria de la demanda privada. Pero ese fue precisamente el error cardinal de la estrategia de Oscar Arias para enfrentar la crisis. Así lo han reconocido incluso economistas del PLN.
Doña Rosa Climent, exgerenta médica de la CCSS, me amonesta por hablar de la “construcción” en vez de la “conformación” de Ebáis. Pero luego proporciona cifras –y se le agradece– que terminan por confirmar lo dicho en el artículo que ella pretendía rebatir (“De por qué las águilas no vuelan con los caracoles”, Opinión, 8/12/2015).
Al anunciar el Plan Escudo en enero del 2009, don Oscar prometió que construiría “un total de 100 Ebáis y 9 CEN-Cinai”, de modo que si hubo un error semántico fue del expresidente –lástima que la Dra. Climent no se lo advirtió a tiempo–.
En todo caso, los datos aportados por ella indican que entre el 2009 y el 2010 se “conformaron” apenas 29 Ebáis. No olvidemos, para mayor inri, que un tercio de ese período corresponde al mandato de doña Laura Chinchilla.
Don Fernando Ferraro me acusa de confundir “entre el Plan Escudo y lo que sucedió en materia de empleo público”, argumento mejor elaborado por don Roberto Gallardo al afirmar que “ninguna de las 31 acciones contenidas en los cuatro ejes del plan incluía mención alguna a un aumento del empleo público”.
Aumento de plazas. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. En el discurso de lanzamiento del Plan Escudo, el entonces presidente Arias dijo que “en vista de la crisis” de ese año el sector público reforzaría “su función empleadora, destinando alrededor del 5% del producto interno bruto a inversión”. Si el presidente lo prometió y no lo incluyó entre las acciones que tomó, nos debe una disculpa por mentirnos sin reparo.
Paradójicamente, lo triste de esta situación es que don Oscar no nos mintió. Estuviera o no incluida la acción en el documento consultado por el Sr. Gallardo, la realidad es que, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, el empleo público creció en 29.144 funcionarios tan solo en el 2009, y en la friolera de 53.758 entre el 2006 y el 2009.
Gallardo afirma que durante las administraciones Arias y Chinchilla, en las que él fue ministro, se crearon 22.500 plazas en el Gobierno Central. ¿Miente don Roberto, o acaso miento yo? Ninguno de los dos.
Para desviar la atención, don Roberto se concentra en las contrataciones de personal del Gobierno Central. Lleva razón cuando afirma que estas son las únicas que alimentan el déficit fiscal (por definición, del Gobierno Central). Pero no puede desconocer que el aumento de la planilla estatal en el sentido más amplio resulta, en el mejor de los casos, en incrementos tarifarios que pagamos todos y, en el peor, en crisis de gestión como la que generó que la administración Chinchilla solicitara la intervención de la OPS para determinar la gravedad de la situación financiera de la CCSS.
El propio jefe de contabilidad de la Caja, Miguel Cordero, declaró en el 2011 a El Financiero que el pago de servicios personales creció un 150% en tres años debido a que la “institución fue la que generó el empleo creado a la fuerza por el Plan Escudo”.
Génesis. Don Roberto afirma también que entre 1998 y el 2005 fueron creadas 1.500 más plazas en el Gobierno Central que en los ocho años siguientes. No entiende entonces por qué no he responsabilizado de la crisis fiscal a los gobiernos socialcristianos (porque no dejaron tal crisis), como sí lo hice con el período 2008-2016 (nótese que ni siquiera me refería en exclusiva a gobiernos liberacionistas).
La cura para la amnesia selectiva de don Roberto tiene un nombre corto: percentil 50. Esta política, adoptada con justicia, pero sin tino, en el 2007 para elevar los salarios de los 6.000 funcionarios peor pagados del Gobierno Central, terminó otorgando injustificados aumentos en cascada a 96.000 trabajadores de todo el aparato estatal mediante el perverso mecanismo del enganche salarial –cuya posible eliminación, por cierto, fue recientemente votada en contra por los legisladores de la irresponsable alianza PLN-PAC-FA–.
No supieron las autoridades de turno medir el impacto que ello tendría en las finanzas públicas, y esa es la génesis de la actual crisis fiscal.
Ese error lo reconoció el propio don Rodrigo Arias, hermano de don Oscar y su ministro de la Presidencia, al declarar que “se mejoraron algunos salarios de profesionales para llevarlos a lo que se llama el (percentil) 50, pero probablemente ahí no tuvimos toda la información del Servicio Civil para evitar un encadenamiento que se dio después…” (http://bit.ly/1MnCtgT).
Precedido por un gobierno que no se atrevía a tomar decisiones, y sucedido por otro que no sabía tomarlas, a la administración Arias no le fue difícil destacarse. Sin embargo, su desempeño no permite catalogarla de extraordinaria. Fue un gobierno como otros, con aciertos y errores, al que se le reconoce que se atrevió a tomar decisiones. Pero con la decisión viene aparejada la responsabilidad por sus consecuencias.
La preocupación que sentimos hoy los costarricenses por la situación fiscal es genuina, y pretender minimizarla por la existencia de diferencias ideológicas no contribuye a resolver el problema. Comprender su origen, para evitar repetir los errores, es el primer paso para corregir el rumbo.
Si la crítica de un liberal les resulta tan detestable como para caricaturizarla en cinco artículos distintos, les recuerdo que las cifras –esas testarudas cifras– de la Cepal confirman que Costa Rica fue el país de la región que más aumentó el gasto como producto de la crisis, y fue donde más creció la pobreza. Esto, más que reflejar visión y coraje, da coraje.
El autor es economista, miembro de la Plataforma Liberal Progresista.
