Opinión

No violé el régimen de dedicación exclusiva

Actualizado el 07 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

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No violé el régimen de dedicación exclusiva

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Según el artículo 1 de la resolución DG-254-2009 de la Dirección General de Servicio Civil, se entiende por dedicación exclusiva el ejercicio profesional del funcionario únicamente para el órgano público que contrata sus servicios, lo cual demanda para ello ostentar una carrera universitaria con el correspondiente grado académico y que se encuentre debidamente acreditada.

Asimismo, en el artículo 2, se “obliga al servidor al ejercicio profesional únicamente a favor del órgano público con el cual labora y donde este lo destaque”.

“No puede el servidor ejercer de manera particular, en forma remunerada o ad honorem , la profesión que ostenta y que constituye requisito para desempeñar el puesto que ocupe”, dice también dicho artículo.

Estas anteriores disposiciones generales son las que rigen la dedicación exclusiva en el Congreso, régimen al cual estuve sometido cuando laboré como asesor legislativo de febrero del 2009 a abril del 2014.

Ejercí el cargo en la categoría de empleado de confianza, que, según la clasificación de puestos de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, no están sujetos al régimen de prohibición (en el que se prohíbe el desempeño de todo tipo de labores distintas a las prestadas a favor de la Administración), como sí lo están algunos puestos administrativos con categoría de empleado regular.

En la Asamblea Legislativa y otras dependencias gubernamentales, los empleados de confianza sometidos al régimen de dedicación exclusiva pueden ejercer libremente otras profesiones, sin prohibición alguna, siempre y cuando no sea en el mismo ejercicio profesional establecido en el contrato de dedicación exclusiva a favor del órgano público con el cual labora.

Por lo tanto, aquellos profesionales que son asesores legislativos, en la categoría de empleados de confianza, sometidos al régimen de dedicación exclusiva, no están en la obligación de informar, ni pedir permiso a su patrono para ejercer libremente otras actividades distintas a la profesión o especialidad establecida en el contrato.

Durante los cinco años que me desempeñé como empleado de confianza, nunca ejercí mi profesión de arquitecto, ni en forma remunerada ni ad honorem, según consta en los registros del Colegio Federado, del cual soy miembro activo hasta la fecha.

La remuneración que recibí durante mi contrato de dedicación exclusiva estuvo acorde con lo que establecen la ley y las normas del régimen, las cuales cumplí a cabalidad.

Dicho esto se concluye que en ningún momento violé las normas del régimen de dedicación exclusiva y tampoco oculté información. Nunca hubo, de mi parte, una “equivocación” en el ejercicio de la dedicación exclusiva.

Por otra parte, durante el tiempo que laboré como asesor legislativo en el período 2010-2014, no fui empleado ni asalariado de la empresa CB24, así como tampoco de ninguna otra empresa; es decir, no tuve ningún otro patrono distinto a la Asamblea Legislativa, lo cual puede constatarse en los registros de la CCSS.

Una empresa de mi propiedad brindó, de forma independiente, servicios de asesoramiento y manejo financiero a la Dirección Administrativa y Financiera de la empresa CB24 durante 14 meses, entre febrero del 2013 y el 30 de abril del 2015. Los otros doce meses no laboré en el Congreso.

Como directivo de esa empresa (no a título personal) me tocó dirigir dicha asesoría en mi tiempo libre. Como representante de la compañía contratada, visité durante esos 14 meses las oficinas de CB24. Mi empresa no tuvo oficina en CB24, ni personal a cargo, ni subordinación, ni horarios que cumplir, y tampoco contrató personal para CB24.

Los servicios contratados por la empresa CB24 fue bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales (contrato original en mi poder firmado entre las partes), del cual transcribo textualmente lo siguiente: “Contrato de prestación de servicios profesionales (…). Entre los suscritos, Carlos Alfredo García Ibáñez (…) actuando en mi calidad de representante y apoderado de Central American Broadcasting Veinticuatro CB Veinticuatro S.A. (…) por una parte; y por la otra, Peter Guevara Guth (…) actuando en calidad de representante y apoderado de 3-101-476059, S.A. (…) en adelante denominado ‘el asesor’, hemos convenido en celebrar el presente contrato por servicios profesionales, (…) y por las siguientes cláusulas: (…) Primero: el objetivo de este contrato es la prestación de servicios de asesoramiento y manejo financiero del canal en la dirección administrativa y financiera”. Dicho esto, también se concluye que en ningún momento violé las normas del régimen de dedicación exclusiva.

Como empleado de confianza y por la categoría o código del puesto de asesor político que desempeñé, no estuve sujeto a horarios específicos ni a una ubicación fija; es decir, un funcionario que se desempeñó en mi puesto “no necesariamente debe estar sujeto al horario de la jornada laboral ordinaria de la institución ni a una ubicación específica, sino más bien responde a la dinámica y necesidades particulares del despacho al que ha sido asignado” (declaraciones del director de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa).

Asimismo, el manual descriptivo de clases de fracciones políticas establece en su apartado sobre condiciones organizacionales y ambientales que un asesor especialista A “tiene independencia para definir sus métodos de trabajo (…) normalmente fuera de la jornada ordinaria. Debe desplazarse con frecuencia fuera de la institución y del área metropolitana cuando las circunstancias así lo exijan”.

Igualmente, en el reglamento autónomo de servicio de la Asamblea Legislativa, en el artículo 79, se establece que “todo servidor debe cumplir personal y eficientemente la función que le corresponde en la Asamblea Legislativa, en las condiciones de tiempo, forma y lugar que determinen las normas correspondientes”, y que son definidas por el superior inmediato.

Como queda claro, no violé el régimen de dedicación exclusiva con la Asamblea. Por eso lo publicado por este diario, en relación con la supuesta violación de este, contraviene la normativa vigente, desinforma a la opinión pública y me agravia en lo personal.

Peter Guevara Guth

1-649-102

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