EscucharLas recientes publicaciones sobre la aparente intromisión a bases de datos para averiguar la vida privada de un distinguido futbolista nacional llaman a la reflexión sobre el derecho que cada uno de nosotros tiene sobre sus datos personales, el cual se desconoce en muchas ocasiones.
La autodeterminación informativa es un derecho fundamental que surge desde el artículo 24 constitucional, el cual dispone que nadie podrá ser objeto de injerencias en su vida privada. Este derecho le da al habitante, en calidad de titular (dueño) de sus datos, poder de decisión sobre su información personal, así como exigir que sus datos se utilicen solo para los fines que fueron recabados.
En nuestro país se cuenta con un marco jurídico que brinda una protección a los datos personales, siendo uno de los países pioneros en la región. Uno de ellos es la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley No. 8968 de 7 de julio de 2011, y su reglamento.
De esta manera, las empresas y entidades públicas que tengan bases de datos personales están obligadas a informar a los clientes sobre la utilización que se dará a su información. Son propietarios del sistema, pero no de nuestros datos personales.
Datos como materia prima. Conforme avanzan los días, la globalización informática adquiere más fuerza, con lo cual el tratamiento de datos personales sucede sin brindar información al ciudadano para que consienta o no su tratamiento.
Pese a que la Ley 8968 obliga a las organizaciones a adecuar sus procesos y actuaciones, existe una latente necesidad por “patrimonializar” nuestros aspectos intangibles, lo que ha hecho de los datos personales “el nuevo petróleo” de la era de la información. Con esto, podemos vislumbrar que nuestra información es consultada, tratada, transferida como objeto de comercialización mientras usted, estimado lector, presta atención a la presente opinión.
Ejemplo de lo anterior es el lamentable caso dado a conocer el 28 de octubre, en la que una destacada figura ha sido víctima de supuestas injerencias en su vida privada por parte de funcionarios públicos, sin existir una causa penal en su contra. Contrario a ello, es admirado y condecorado fuera de nuestras fronteras como una promesa futbolística.
Esta situación es la punta del iceberg del cual somos víctimas. La recolección de datos personales sin el consentimiento expreso del titular, el envío de correos spam y el acoso telefónico son el pan de cada día en nuestras vidas. Pese a la vigencia de una ley que sanciona a las organizaciones por ese motivo, estas aún no han tomado conciencia sobre las consecuencias económicas de sus acciones, sin perjuicio del desprestigio institucional o corporativo y hasta ser sancionados penalmente por violación de datos personales.
Tales situaciones deben llamar a la reflexión en diferentes aristas. La primera de ellas es la orientación para fomentar una cultura acerca del uso de recursos en las entidades estatales para los fines expresamente dispuestos. La segunda tiende a la urgencia en la concientización de entidades privadas, acerca de utilizar la tecnología dentro del marco del respeto a los derechos de sus clientes. Como última acotación, se encuentra la divulgación a la ciudadanía acerca de los derechos que tienen en cuanto al control de sus datos personales y los recursos de los cuales dispone la normativa en caso de ser vulnerados. Estas tres aristas deben unirse a un eje transversal: la responsabilidad del Estado de garantizar a sus habitantes el respeto a sus derechos. En síntesis, con la puesta en práctica de la máxima de Benito Juárez “el respeto al derecho ajeno es la paz”, podremos asegurar la sana convivencia dentro de un Estado de derecho.
Nathalie Artavia, abogada especialista en protección de datos personales.
