El pasado sábado, el exdiputado Federico Tinoco Carmona , publicó en estas páginas un derecho de respuesta a mi columna Ciudadano X , del 11 mayo. En esa columna señalé que durante sus últimos días como diputado, Tinoco viajó a la ciudad de Bangkok, en Tailandia, con tiquetes y viáticos pagados por los generosos ciudadanos de Costa Rica.
Dije además que, en el acuerdo que autoriza el viaje de Tinoco, se especifica que era para participar en una “Reunión de Mujeres Parlamentarias” y pregunté: ¿Por qué se pagó el viaje de un diputado a un encuentro de diputadas? Y alguien a quien un Tribunal de Trabajo encontró responsable de hostigar sexualmente a una colaboradora ¿era la mejor opción para representar a Costa Rica?
En su respuesta a mi columna Tinoco alega que en ella cometí una cadena de “yerros y desaciertos” y me atribuye la “intención de hincar el diente en la honra ajena”.
El exdiputado afirma, además, que viajó a Tailandia para asistir a una reunión del Grupo Parlamentario de Latinoamérica; alega que debía entregar “personalmente” a los miembros de ese foro “diverso tipo de materiales” y asegura que no ha sido condenado por hostigamiento sexual.
Para que los lectores se informen verazmente y con hechos documentados creo que es necesario decir:
El acuerdo del directorio legislativo que autoriza el viaje de Tinoco a Bangkok se tomó en la sesión 180-2010 y dice textualmente: “Se acuerda, autorizar la participación del diputado Federico Tinoco Carmona en la 15ª reunión de mujeres parlamentarias”.
Los registros de la Asamblea Legislativa, documentan que, durante ese viaje, el exdiputado gastó por concepto de pasajes aéreos y viáticos un total de 4,3 millones de colones.
Además, según la sentencia judicial 132, del 19 de abril del 2010, un Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, encontró a Federico Tinoco Carmona responsable de los hechos constitutivos de hostigamiento sexual por los que había sido denunciado en agosto del 2006.
No hubo “yerros”, ni “desaciertos”, ni intención de “hincar el diente en la honra ajena”, sino el ejercicio legítimo del derecho de expresión.
Quienes ejercen cargos públicos deberían entender que, al asumirlos, quedan sometidos, sin excepciones, al escrutinio de la colectividad.
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