Opinión

Por un verdadero diálogo nacional

Actualizado el 24 de agosto de 2012 a las 12:00 am

La corrupciónes un flagelograve enCosta Rica

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Cuando se revisa con atención la experiencia de países latinoamericanos, en los que se produjo una fuerte erosión de las instituciones democráticas, se verá que un factor cardinal que da cuenta de ello, me atrevo a decir sin excepción, es la corrupción encarnada en las cúpulas gobernantes de los sistemas políticos.

Esta no es una explicación peregrina, es el resultado del examen de lo acaecido en países como México bajo los Gobiernos del PRI y recientemente del mismo PAN; es la experiencia que nos dejó la Venezuela de Carlos Andrés Pérez; el Perú, especialmente durante y después del primer Gobierno de Allan García y, por supuesto de Fujimori; fue también lo que ocurrió en la Argentina de Carlos Saúl Ménem; para citar solamente algunos ejemplos.

Denominador común. Desde luego, muchas otras causas concurrieron a minar la institucionalidad democrática, pero en todas ellas, sin lugar a dudas, estuvo presente el común denominador de la corrupción política en las altas esferas gubernamentales, en los partidos políticos oficialistas y hasta en los de la oposición, cuando se convirtieron en meros adláteres del oficialismo, cómplices, por lo tanto, también, del flagelo de la corrupción.

¿Fue esta una corrupción que implicó a la institucionalidad del Estado en su conjunto, o se expresó apenas en las esferas gubernamentales y de la partidocracia gobernante, y al menos del principal partido de oposición? La respuesta arroja resultados variopintos, hay matices. No en todos los casos se puede decir que estuvo implicada la institucionalidad del Estado en su totalidad desde el puro inicio; pero en algunos sí, como en México por ejemplo, y seguramente en Venezuela también. Lo que resulta relevante, es que en todos los ejemplos citados, al final se produjo –como he afirmado– una formidable erosión del conjunto de la institucionalidad democrática; por lo tanto, dicha erosión terminó salpicando al resto del Estado, en unos casos más que en otros.

¿Qué es lo que acontece en esta materia en Costa Rica? La respuesta a esta otra interrogante debería estar en el centro de las valoraciones políticas de cualquier dirigente serio, ya sea que esté en el gobierno o en la oposición. En el PAC coincidimos (no en todo hay coincidencias, por cierto), en que la cuestión de la corrupción es un flagelo grave en Costa Rica, porque se enquistó en las más altas cúpulas –pero no solo allí– del binomio PLN-PUSC, que cogobernó al país en los últimos tres decenios.

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Hoy el PUSC, merced al estremecimiento que se produjo, por fortuna, trata de rehacerse, pero quedó maltrecho.

En lo concerniente al PLN, son demasiados los ejemplos recientes todavía (aún más, aparenta ir “in crescendo”), en los que es imposible disimular la implicancia de altas esferas de Gobierno en casos de corrupción o tocante con ella; verbigracia: consultorías en las que se derrocharon millones que favorecieron a amigotes del Gobierno, auspiciadas desde la cúpula gubernamental o de la partidocracia (mal disimuladas por cierto), favorecimientos en casos de concesión de obra pública a empresas que, casi sin excepción, han financiado al partido Liberación Nacional en campañas electorales (trocha incluida), y más recientemente, hasta casos de lenidad o blandura gubernamental, para decir lo menos, en el combate al narcotráfico en zonas como Talamanca, como lo reseña el editorial de LaNación del día 15 de agosto. Me quedo corto.

El PAC y la lucha anticorrupción. Si esto es así, y me temo que es mucho peor, no podemos distraer la atención pública como lo hace recientemente a mi juicio, Fernando Berrocal (La Nación 4 de agosto, p.33 A), tratando de desprestigiar (¿serruchadita de piso?), a alguien como Ottón Solís, fundador del PAC, y seguramente principal responsable de haber logrado poner en la agenda pública el tema en el primer lugar, por el hecho de que califique la lucha contra la corrupción como una ‘Guerra Santa’.

El PAC se fundó por varias importantes razones, que aún hoy están vigentes, pero una de las más significativas y que todos nos tomamos muy seriamente, es la lucha contra la corrupción. ¿Hay radicalismo en ello? Estoy convencido que no, la situación de nuestro país es grave en esta materia y no hay tiempo que perder... O lo vamos a lamentar, como ya le ocurrió a algunos países de América Latina. ¿Somos los únicos en esta lucha, como lo quiere poner Berrocal? Claro que no, por eso pretendemos un diálogo nacional responsable, y si se pudiera hasta una alianza electoral patriótica, dejando de lado algunas diferencias en otros órdenes; pero, ambas cosas tienen como premisa concederle la significación y preeminencia debida en la agenda política, a la lucha contra la corrupción, encaminada entre otras cosas a levantar la mística de la gente, o lo que es lo mismo, la moral pública.

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¿Quedan fuera de esta lucha los liberacionistas? En mi opinión, la inmensa mayoría del pueblo liberacionista no, y un sector de su dirigencia; pero, lo que sería un desaguisado es que mucho dirigente que está bien embarrado, quiera escabullir su responsabilidad poniendo hoy a las pavas a tirarles a las escopetas.

El diálogo nacional debe estar sentado sobre bases sólidas y han de establecerse bien las responsabilidades en cada caso, porque la corrupción y la ominosa presencia del narcotráfico en la escena política no se dieron por generación espontánea.

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