Opinión

La verdadera mordaza

Actualizado el 28 de mayo de 2013 a las 12:00 am

La Oficina Jurídica de la UCR pone trabas arbitrarias al derecho a la información

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La verdadera mordaza

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Cuatro meses y cinco días pasaron entre el 19 de enero –día en que solicité al director la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica los datos por estudiante del proceso de admisión 2012-2013– y el 24 de mayo, fecha en que efectivamente me los entregaron. Salvo motivo razonable de atraso, por ley la petición debió ser cumplida en dos semanas.

Ya el 25 de abril, más de tres meses después de la solicitud y harto de la espera, envié un correo electrónico a la jefa de la Unidad de Desarrollo, quien se encargaría de montar los datos solicitados, y le pregunté con toda sinceridad: “¿Es que interponga un recurso de... ?”.

Nunca me respondió, pero así fue. Como pasa con frecuencia, tuvo que intervenir la Sala Constitucional, dar lugar a mi denuncia, y forzar a un funcionario público a respetar un derecho fundamental.

Pero entre lo más cuestionable está la argumentación del director de la Oficina Jurídica de la UCR, Luis Baudrit, para negar el acceso a la información. Junto a muchos razonamientos rebuscados, este es el peor: la Ley de de Datos del 2011 (8968) permite hacer pública la información que solicité mientras no se identifique al estudiante (nunca pedí algún nombre, cédula o carné), pero sólo “con fines estadísticos, históricos o de investigación científica”. Para el abogado, esa frase vacía es suficiente para concluir que el legislador excluyó los fines periodísticos, que yo persigo.

¿Cómo llegó a tal conclusión? No lo explica. Baudrit ignoró las lecciones más básicas de la escuela de leyes: interpreta una norma vaga de forma arbitraria, en contra de las libertades más básicas, imponiendo límites ilegales a la labor de la prensa. Por alguna razón asume que en una sala de redacción no se pueden perseguir fines históricos, estadísticos o de investigación.

Bajo esa extraña lógica, ningún ciudadano podría tener el acceso a datos públicos donde se proteja la identidad de las personas si su fin es concluir algo de ellos y publicarlo en los medios de comunicación masiva, algo que contradice las bases del control ciudadano y la democracia. Un disparate monumental.

A eso hay que agregar otra peculiaridad: el año pasado solicité exactamente los mismos datos pero de los años 2005-2011, y no hubo oposición a su entrega. Por eso La Nación pudo publicar una serie de reportajes donde se estimó que aquellos estudiantes graduados de colegios privados tienen el doble de probabilidad de ser admitidos que los de colegios públicos. Además, se construyó una aplicación interactiva que reporta el rendimiento de cada colegio en el proceso de admisión durante esos años.

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Sin la información que se me negó, esa aplicación no se podría actualizar y nadie podría informar con detalle y bajo un análisis independiente la exclusión de ciertos grupos sociales de las aulas de la UCR. Es decir, se silenciaría a los que trabajamos en esto y se lesionaría el derecho de los lectores a informarse sobre hechos que impactan sus vidas.

Los mismos jueces constitucionales le respondieron a Baudrit, en el caso concreto, que “(...) es manifiesto el interés público de la investigación de La Nación, dado que sirve de parámetro para medir la excelencia académica de los colegios” (sentencia 6357-2013).

Todo este proceso cansino es lo que viven los ciudadanos que intentan tener acceso a la información pública en este país. Esta es la verdadera “ley mordaza” de Costa Rica, la que sí silencia todos los días periodistas y ciudadanos.

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