Opinión

“Nosotros no vamos a pagar”

Actualizado el 24 de abril de 2013 a las 12:00 am

La SuPen está en la obligación de gestionar el cobro ante el impago de sus regulados

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“Nosotros no vamos a pagar”

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En un reciente artículo (18/04/13), el señor Alfredo Jones León, director administrativo del Poder Judicial, afirmó que la Superintendencia de Pensiones (SuPen), en conjunto con el Ministerio de Hacienda, decidió unilateralmente realizar un embargo administrativo sobre las cuentas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FPJ), ante la falta al deber legal de pagar por la supervisión.

Esta opinión es incorrecta, omisa y falaz.

En una conversación que tuve con el señor Jones, le intenté explicar con claridad que la SuPen no tiene la capacidad de decretar embargos, sino que este responde a una decisión del Ministerio de Hacienda, con el fin de recuperar la evasión de cargas tributarias.

Lo que hizo la SuPen fue trasladar la gestión de cobro a Hacienda, porque así lo dicta el reglamento respectivo.

Aunque el señor Jones no es abogado, debería conocer que los funcionarios somos simples depositarios de la Ley.

Precisamente por ello, la SuPen está en la obligación de realizar las gestiones de cobro ante el impago de sus regulados. La Ley de Protección al Trabajador, en su artículo 2, inequívocamente dicta que el FPJ está sujeto a la supervisión y regulación de la SuPen, tema que ha sido, además, confirmado por la Procuraduría General de la República.

Este reglamento de cobro varió a partir de 2011, pues antes era la SuPen la que realizaba el cobro y, por ello, en un inicio demandó lo adeudado por el FPJ hasta ese año, en sede judicial, y luego el caso fue elevado al Tribunal Contencioso Administrativo.

A partir de 2011, es el Ministerio de Hacienda el encargado de cobrar los impagos; por consiguiente, el embargo de marras corresponde a la deuda generada a partir del año 2011 y no por lo primero, tal como erróneamente se dice en el artículo.

El argumento de don Alfredo Jones León, de que al embargar cuentas se afectaba a los beneficiarios del fondo, no es muy distinto a lo que ocurre cuando Hacienda embarga las cuentas de cualquier empresa evasora y no puede pagar salarios.

En su momento le sugerí que pagaran bajo protesta el monto adeudado, que responde a un porcentaje ínfimo del FPJ, y su respuesta enfática fue: “¡Nunca! Nosotros no vamos a pagar”.

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