Opinión

El valor terapéutico del trabajo

Actualizado el 14 de mayo de 2015 a las 12:00 am

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El valor terapéutico del trabajo

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Resulta inconcebible que a estas alturas se pretenda hablar de “la rehabilitación de los delincuentes” mientras se les mantiene en las denigrantes condiciones que priman en la mayoría de nuestros penales.

La dignidad del país no permite que ni al más empedernido delincuente se le someta a las condiciones vejatorias que recientemente han salido a la luz pública. Pero el asunto resulta aún más escandaloso si se considera que muchos de esos privados de libertad son delincuentes primarios o ni siquiera han sido condenados por sentencia firme dictada por autoridad competente. En esta última circunstancia, cabe la inquietante posibilidad de que sean inocentes del delito que se les imputa.

El hacinamiento, el desaseo, la obligada inactividad y los vejámenes causados por los delincuentes curtidos, que han sido sus obligados compañeros y a los que las autoridades penitenciarias por temor no mantienen bajo control, elevan la ansiedad y el estrés a niveles intolerables, por lo cual no debe extrañarnos que cualquiera que haya estado sometido a esas condiciones por algún tiempo salga de la cárcel con la autoestima en los talones y dispuesto a descargar su rabia y resentimiento en la primera ocasión que se le presente.

Con profunda vergüenza debemos aceptar que, en estas circunstancias, se justifica plenamente que nuestras prisiones hayan sido calificadas en varias oportunidades como verdaderas “universidades del crimen”.

Fenómeno universal. Por múltiples causas que no es posible analizar dentro del marco de este breve comentario, el aumento de la delincuencia es un fenómeno universal y la sociedad organizada en todas partes tiene el derecho y el deber de defenderse de ese flagelo y de luchar por su disminución. No pretendo, por lo tanto, debilitar el principio de autoridad ni apoyar conductas o prácticas permisivas, que más bien vendrían a aumentar el desorden y la anarquía ya existente en nuestras prisiones.

Tampoco soy, ni lejanamente, “penitenciarista o cientista (sic) social de la Dirección de Adaptación Social”, los que, según el viceministro de Justicia son los llamados a opinar con propiedad sobre el tema ( La Nación, 24/3/2015, p.24 A). Soy un simple ciudadano que, pese a mis años, aún conservo vivo el amor a la patria y el interés por sus múltiples problemas.

Con esta simple credencial, deseo manifestar la conveniencia de revivir un proyecto que inexplicablemente fue descartado y que puede ayudar a solucionar el problema, al menos, mientras se concretan los proyectos a los que hace referencia el señor viceministro, en su citado artículo: un inevitable préstamo del BID para construir nuevas cárceles (ya estamos acostumbrados a que el Gobierno no haga ninguna obra de importancia con recursos propios) y que los mencionados expertos “penitenciaristas” elaboren sus proyectos de “seguridad dinámica”, de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Lo que propongo es algo mucho más simple: sacar de las cárceles a los reos que no presenten especial peligrosidad y estén en condiciones físicas adecuadas para ponerlos a trabajar en carreteras y otras obras públicas, ejecutando las medidas de seguridad que se consideren adecuadas para impedir su fuga.

Los reos escogidos para el programa vivirían en campamentos estrictamente vigilados y se les reconocería alguna suma de dinero, no necesariamente con arreglo al decreto de salarios mínimos, pues no se trata de una relación laboral regulada por las leyes en esta materia, y se les reducirían las penas de prisión a las que fueron condenados, de conformidad con un reglamento elaborado para tal efecto.

No tengo a mano la documentación pertinente, pero recuerdo que el proyecto de ley que desarrollaba cuidadosamente esa idea fue archivado en su oportunidad, por cuanto la Corte Suprema de Justicia, consultada en este caso por la Asamblea Legislativa, lo desestimó aduciendo un posible conflicto con el artículo 40 de la Constitución Política que prohíbe los tratamientos crueles o degradantes.

Según mi concepto, el trabajo que se proponía no tiene nada de degradante, sino más bien un alto valor terapéutico, que lamentablemente no fue reconocido por los señores magistrados, en su oportunidad, pero que ahora que el problema penitenciario está de nuevo en la palestra, valdría la pena revalorarlo.

(*) Miguel Valle Guzmán es abogado.

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