EscucharCOPENHAGUE – El año pasado se perdió un billón de dólares en manos de la corrupción. Es dinero que no fue destinado a expandir la atención médica, ampliar el acceso a la educación, mejorar la nutrición o depurar el medioambiente.
Según Transparencia Internacional, el 68% de los países del mundo tiene un problema serio de corrupción y ninguno es completamente inmune.
La corrupción es una faceta de la mala gobernanza; de hecho, tiene relación con una administración pública ineficiente, una contraloría débil, una baja transparencia y una implementación inconsistente del régimen de derecho. De modo que no sorprende que los flamantes Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (ODS), que entran en vigor este año, apunten a combatirla.
No obstante, los ODS representan una divergencia respecto del marco de desarrollo previo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que no contenían ningún objetivo explícito vinculado a la corrupción.
Un desenlace exitoso tendría innumerables beneficios: mejor servicio público, mayor crecimiento económico, mayor fe en la democracia. En una encuesta global en curso que hasta el momento recibió 9,7 millones de respuestas, “un gobierno honesto y receptivo” es la cuarta prioridad más popular en materia de políticas, detrás de la educación, la atención médica y mejores empleos más calificados.
El problema es que los ODS tienen tantos objetivos –169 en total– que prácticamente le prometen todo a todos. Sin suficiente tiempo o recursos para abarcarlos, los países van a priorizar. El laboratorio de ideas que dirijo, el Copenhagen Consensus Center, ha trabajado con más de 60 equipos de expertos para analizar los objetivos prometidos e identificar cuánto costaría y qué lograría cada uno de ellos, de modo que haya mejores fundamentos para la priorización.
Economistas laureados con el premio Nobel examinaron esta nueva investigación e identificaron 19 superobjetivos que serían los más beneficiosos para el mundo por cada dólar invertido. Ellos incluyen lograr un acceso universal a la anticoncepción, fortalecer la lucha contra la tuberculosis y expandir el acceso a la educación preescolar en el África subsahariana. Los economistas recomendaron que los donantes y gobiernos del mundo se centraran primero en estas inversiones.
Los 12 objetivos de las Naciones Unidas relacionados con la corrupción y la gobernanza no figuraban entre estas inversiones sustanciales. Una razón es que varios de los “objetivos” de las Naciones Unidas en estas áreas son tan amplios que pierden sentido. De hecho, está muy bien decir que queremos “desarrollar instituciones efectivas, responsables y transparentes en todos los niveles” y “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”, pero ¿por dónde empezamos?
A pesar de muchos años de esfuerzo, nunca se despejó ningún camino sencillo para alcanzar una buena gobernanza o instituciones libres de corrupción. Un desafío es que los expertos no coinciden en qué debería estar primero, si la buena gobernanza o el desarrollo.
Históricamente, las buenas instituciones como derechos de propiedad seguros y el régimen de derecho eran vistas como el único factor más importante que impulsa la variación en la riqueza de los países, y se asociaba una mayor corrupción con un menor crecimiento. Pero análisis más recientes han demostrado que bien podría ser que una mayor riqueza y crecimiento económico condujeran a una mejor gobernanza.
Un estudio de 80 países donde el Banco Mundial intentó reducir la corrupción reveló una mejora en el 39% de ellos, pero un deterioro en el 25%. Más preocupante es el hecho de que todos los países a los que el Banco Mundial no ayudó registraron tasas de logro y fracaso similares, lo que sugiere que los programas del Banco no marcaron ninguna diferencia.
Sin embargo, los expertos contratados por el Copenhagen Consensus Center descubrieron un objetivo relacionado con la gobernanza que, efectivamente, tendría un cierto beneficio por cada dólar invertido: “Para el 2030, proveer identidad legal para todos, que incluya la inscripción de nacimiento”. Puede parecer un objetivo bastante poco ambicioso comparado con eliminar toda la corrupción o crear instituciones transparentes en todas partes. Pero en muchos países en desarrollo, lograr el objetivo mensurable de la identidad legal universal marcaría una diferencia real.
Lograr este objetivo requiere que los servicios públicos en uso ofrezcan instalaciones de inscripción y mantengan registros. Establecer una capacidad institucional de estas características crearía un modelo claro para cómo podrían ofrecerse otros servicios de manera eficiente.
En la práctica, un servicio de inscripción en funcionamiento casi con certeza no existiría en un vacío y, por lo tanto, sería una señal de una competencia administrativa que asoma.
Ahora bien, esto no tiene que ver simplemente con la burocracia; existen beneficios reales para los ciudadanos. Pueden exigir derechos legales, incluso de propiedad, que son vitales para permitirles prosperar a los individuos y crecer a la economía. De la misma manera, las elecciones se vuelven menos vulnerables a la corrupción y al fraude cuando los votantes están correctamente registrados.
Si queremos darle una alta prioridad a la lucha contra la corrupción, no deberíamos conformarnos con eslóganes bienintencionados pero excesivamente amplios. Deberíamos trabajar en estrategias específicas, comprobadas y eficaces como ofrecer identidad legal para todos.
Pero también tenemos que enfrentar la posibilidad de que cuando se trata de ayudar a los pobres del mundo, las políticas anticorrupción tal vez no sean el mejor lugar donde mandar primero nuestro dinero. Esto se debe en parte a que existen muchas maneras más efectivas de enfrentar problemas como la tuberculosis o el acceso a la anticoncepción y un poco a que las políticas actuales contra la corrupción son costosas y redundan en escasos beneficios o ninguno.
Esto no implica negar que la corrupción golpea duro a los pobres del mundo. Pero existen muchos desafíos, desde la falta de atención médica hasta el hambre y la contaminación, que también afectan a los pobres, pero que podemos abordar de manera más eficiente.
Centrarnos en lo que podemos hacer bien parece menos impresionante que prometer todo a todos –hasta que llega la hora de cumplir con las promesas–. Quienes prioricen correctamente terminarán ayudando a mucha más gente.
Bjørn Lomborg es director del Copenhagen Consensus Center y profesor visitante en la Escuela de Negocios de Copenhague. © Project Syndicate 1995–2016
