El problema de fondo es que la transferencia de tecnología no se está dando en el país

 3 agosto, 2016

El sector agropecuario y agroindustrial de manera responsable ha venido señalando que el rezago que sufren los productores en materia de innovación y transferencia de tecnología debería ser dimensionado como una situación de emergencia nacional.

Los avances en la investigación y en la tecnología crecen a pasos agigantados día a día; sin embargo, nosotros no estamos aprovechando estos avances y el impacto de ello puede ser, a corto plazo, un rezago de la actividad agropecuaria.

Año con año, por ejemplo, nos enfrentamos al problema de la sequía en Guanacaste y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aplica paliativos o acciones a corto plazo, cuando lo que se necesita es tecnología para que los productores puedan enfrentar esta situación climática con medidas a largo plazo. Como dice el refrán: “No hay que regalar el pescado, hay que enseñar a pescar”.

El problema de fondo es que la transferencia de tecnología no se está dando en el país, a excepción de algunos casos. La extensión agrícola que brinda el MAG es poca o nula y lo más preocupante es que las investigaciones que se necesitan en las distintas áreas del sector agropecuario quedan en papel o guardadas en gavetas, pocas veces se ejecutan.

A esta ausencia de apoyos se unen otros factores que hacen cada vez más difícil producir. Los altos costos de producción, diésel, salarios, cargas sociales, electricidad, insumos y maquinaria agrícola, nos hacen menos competitivos que el resto de los países centroamericanos.

Caro para producir. Comparado con nuestros vecinos centroamericanos este es un país caro, por ejemplo: en Panamá los productores tienen una tasa de intereses preferencial, la cual es del 1% anual, mientras tanto los agricultores nacionales cuentan con poco financiamiento por parte del sistema bancario nacional, entiéndase banca del Estado.

Por otro lado, en Nicaragua el salario mínimo para un peón agrícola es de $113, mientras que en nuestro país el salario mínimo es $687 mensuales, que incluye las cargas sociales, con lo que se garantiza un buen vivir para un trabajador agropecuario.

Aunado a lo anterior, en Costa Rica, el precio de venta del diésel, durante los últimos dos años, es en promedio un 26% más alto que en resto de los países centroamericanos.

El panorama es difícil, pero el productor con sacrificio y empuje siempre es propositivo, siempre está dispuesto a dar la lucha por mantenerse trabajando la tierra y produciendo, dando su aporte al país.

Propuesta. Nuestra propuesta es simple, pero impostergable: al productor le urge contar con investigación, tecnología, asistencia técnica y crédito más oportuno.

En esta dirección, hacemos un llamado a las universidades para que apoyen al productor, le faciliten investigación, tecnología e innovación.

En este punto es importante señalar que los procesos de innovación algunas veces generan posiciones encontradas, pero lo que el país necesita es un análisis ponderado y objetivo, muy alejado de posiciones extremistas que llevan a una peligrosa inacción.

El MAG junto con las universidades estatales debería realizar la extensión agropecuaria del país, de manera que las necesidades de transferencia e innovación de tecnología que tienen los agricultores se puedan resolver de una forma más práctica y eficiente.

Un ejemplo de éxito es la Universidad de California, institución donde llevé a cabo mis estudios. Este centro de estudios realiza toda la extensión agrícola de dicho estado, el cual ocupa el primer lugar del PIB agrícola de Estados Unidos.

Retroceso. Costa Rica se encuentra en una encrucijada. La actividad agropecuaria está retrocediendo, lo que representa una situación peligrosa no solo para la economía, sino también para la seguridad alimentaria.

Por ejemplo, en algunos países africanos y asiáticos se están produciendo variedades genéticamente modificadas de yuca y berenjenas resistentes a los virus y las plagas, garantizando así la seguridad alimentaria de su población.

Esperamos una reacción positiva y responsable de todas las instituciones que pueden aportar para devolverle al país un sector agro fuerte y competitivo.

El autor es expresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.