3 octubre, 2014

Los discursos y las decisiones tomadas por este Gobierno, así como el proyecto de presupuesto fiscal presentado ante la Asamblea Legislativa para el año 2015, no dejan lugar a dudas: la vía escogida, en relación con el enorme déficit fiscal, es la inflación. Esto lo corroboran distinguidos conocedores de la realidad económica costarricense, entre ellos, Francisco de Paula: “Del dicho al hecho…” ( La Nación, 7/9/14) y Manuel Zúñiga García “Foro sobre reforma fiscal” ( La Nación, 8/9/14).

Por otra parte, los nuevos gobernantes dicen retomar el “Estado social de derecho” (Jorge Guardia, La Nación , 9/8/14), lo cual es absolutamente contradictorio con el camino trazado de financiar el enorme gasto público mediante el incremento de la deuda pública.

Esto por cuanto, según la realidad histórica, no existe mayor flagelo contra los más pobres que hacerlos pagar el derroche estatal mediante el incremento de los precios. Por si existen dudas de lo dicho, veamos algunas afirmaciones de recono-cidos especialistas en la materia:

“Debemos apostar a la estabilidad… y al control de la inflación, que es el flagelo económico más perverso y maligno, porque golpea no solo a los que no trabajan y a los más pobres, sino a los que trabajamos también” ( Valdez Albizu).

“Para nosotros la inflación se ha convertido en una máquina de hacer pobreza” (Elías Matta).

“En Latinoamérica hemos sido testigos de su efecto devastador en la población, afectando especialmente a los sectores más vulnerables” ( Walter Sánchez).

“La inflación afecta más a los más pobres porque su canasta de consumo se encarece más que la del resto. Son los que más sufren una baja de poder adquisitivo… Cuando suben los precios, no hay escape… Pero los más pobres tienen menos poder de negociación (no tienen sindicatos fuertes que los representen), así que los pobres son los que peor quedan parados con sus ingresos” (Nicolás Grosman).

“El aumento del gasto público desmedido… es producto del alto asistencialismo gubernamental que acompaña generalmente a los gobiernos populistas, los cuales utilizan todos los medios posibles para alcanzar el apoyo popular, sin importarles sus consecuencias futuras. Este despilfarro de dinero desafortunadamente no es la forma de generar riqueza: es la manera, eso sí, de repartir pobreza” (Óscar Ortiz).

Funcionarios públicos. En el caso de nuestro país, el asistencialismo no parece impactar a las clases más necesitadas. Los resultados reales y numerosos estudios han demostrado que la ayuda gubernamental no es efectiva. La mayor parte de esos recursos se quedan en las totémicas y alambicadas estructuras de la burocracia gubernamental, la cual sí recibe los enormes beneficios del gasto público

Lo que sí es evidente en este Gobierno es que el poder político está conformado mayoritariamente por funcionarios públicos. En la Asamblea Legislativa, cerca del 90% de los diputados son funcionarios activos o pensionados del Estado.

El directorio de la citada Asamblea lo componen únicamente funcionarios públicos. Entre la Presidencia, los ministros, viceministros y asesores, hasta donde hemos podido determinar, también representan cerca del 90%.

Solo de esta manera se puede explicar el camino seguido por este Gobierno. En la campaña se le prometió al pueblo no más impuestos, al menos por dos años. Cuando quieran tramitarlos, ya sabemos que la Asamblea Legislativa, con un solo diputado que se oponga, no tendrá posibilidad de aprobarlos. Por la vía de mejorar la recaudación, es cierto que se puede hacer mucho, pero no para reducir el déficit, y por la vía de reducir los gastos, los sindicatos amigos del Gobierno no lo permitirán ni el Gobierno lo va a intentar. Es muy triste reconocer en forma anticipada una inflación, porque nuevamente los más pobres, quienes no tienen ni sindicatos ni partidos que los defiendan, tendrán que pagar la mayor parte de la factura por el derroche del Gobierno, mediante el implacable mecanismo de aumentos en los precios de la canasta básica.

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