24 abril, 2014

Un Estado debe ser capaz de mediar en los conflictos entre los distintos grupos de presión y clases sociales, y de aproximar el bien común sobre la base de derroteros definidos por acuerdos nacionales sobre la dirección del desarrollo del país. Un Gobierno expuesto a los grupos de presión y reactivo a sus demandas va perdiendo su razón de ser como administrador del Estado.

La crisis nacional del Estado costarricense es mucho más profunda de lo que se aprecia en la discusión política, pues deviene, cada más, en un administrador de demandas de grupos dentro y fuera de él que defienden y consolidan sus privilegios. Cada vez es más débil en la defensa del bien común y no hay consenso sobre los grandes derroteros del desarrollo nacional. Estamos, pues, ante un crisis de Estado y se escuchan explicaciones simplistas que no atienden el fondo del asunto.

Modelo de desarrollo. La Revolución del 48 permitió construir un Estado que se erigió con independencia frente a los grupos de presión e impulsó un nuevo modelo de desarrollo basado en el respeto al sufragio universal (por primera vez, votaron las mujeres) y una institucionalidad acorde con los conceptos de desarrollo de la época: la sustitución de importaciones industriales, la integración regional, el Estado empresario y el fortalecimiento del Estado benefactor.

La crisis de agosto de 1981 marcó el fin de una época y el inicio del debilitamiento del Estado en su capacidad de dirimir el conflicto de clases y grupos de presión. El bonapartismo del Estado costarricense (en la terminología de Karl Marx) se minó con la fuga de capitales y la redefinición de la preponderancia del sector exportador, pero nuevos grupos también aumentaron crecientemente su predominio, tales como el sector financiero, y gremios y funcionarios dentro del sector público, entre otros.

Grupos de presión. A pesar de importantes políticas y nuevos programas como el Sistema Financiero de la Vivienda, que ha logrado que nuestro país tenga el menor déficit de vivienda de América Latina, el programa Avancemos, las redes de cuido y muchos más, el Gobierno es cada vez más reactivo ante demandas de grupos de presión que lo capturan de acuerdo con sus intereses. No existe una visión global del Estado ni del desarrollo nacional.

La versión simplista en boga es que el Estado está carcomido por la corrupción y esto explica su debilidad. De acuerdo con este diagnóstico, es suficiente sacar a los corruptos para que se arreglen sus problemas. La corrupción es una tragedia ética para una sociedad y debe ser combatida permanentemente. Costa Rica, sin embargo, en términos comparativos con los países en desarrollo, tiene una institucionalidad relativamente fuerte para prevenir y sancionar la corrupción, al punto que decisiones que significarían una mala asignación de recursos rara vez se materializan. Sin bajar la guardia en este asunto, el tema del Estado y el desarrollo no se agotan con esta lucha, que a veces parece degenerar en un circo romano dirigido por algunos medios de comunicación y políticos que se sienten con derecho a juzgar y sentenciar, sin debido proceso, violando los derechos humanos.

La otra explicación simplista es que en Costa Rica se implementó un modelo neoliberal de desarrollo, lo cual es falso. Para citar solo un elemento, el Estado benefactor, a pesar de las debilidades de la CCSS, se ha venido fortaleciendo con la dedicación de mayores recursos a lo social y programas novedosos, sin desmantelar ninguno de ellos.

Pacto nacional. Para construir un Estado mediador y desarrollista, no debemos esperar a una nueva revolución. Ejemplos como las transiciones a la democracia de España y Chile muestran el camino: un gran pacto nacional de convergencia y unidad sobre algunos puntos fundamentales, cuya agenda deberá ser el primer punto a decidir. Dentro de esta, la reforma fiscal se impone como tema central, pues, si nuevos impuestos son difíciles desde un punto de vista político, la rebaja de los gastos lo será aún más (es falso que, si recortan supuestos abusos, esto sería suficiente para hacer obra).

También quisiera repetir la necesidad de evolucionar hacia un sistema parlamentario, pues el régimen presidencialista es disfuncional con una multiplicidad de partidos con representación legislativa, y un reglamento y jurisprudencia respectiva que aseguran la posibilidad de irrespetar a las mayorías.

Desafío. Desde esta perspectiva, el desafío para el recién electo presidente es trascender las infinitas negociaciones políticas de corto plazo dentro de su propio partido y con otros para, por ejemplo, obtener el directorio político de la Asamblea Legislativa, y tomar distancia y proponer, con visión de estadista, la recomposición del Estado nacional.