El Gobierno debe considerar un referendo para que el pueblo decida sobre el empleo público

 19 julio, 2015

Por definición constitucional nuestra democracia es representativa. Esto supone que el pueblo delega en la Asamblea Legislativa el derecho a tomar decisiones en su nombre. Pero cuando la Asamblea no puede o no quiere tomar una decisión importante y necesaria, la Constitución prevé la figura del referéndum para que sea el propio soberano –el pueblo– el que la tome directamente.

Esto ya sucedió en el caso de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Antecedentes. La campaña electoral de cara al 2006 tuvo como columna vertebral la discusión del TLC, firmado en el año 2004. Por ello, al iniciarse el gobierno, en mayo del 2006, y en cumplimiento de lo prometido en campaña electoral, el presidente Arias convocó de inmediato el tratado al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su ratificación.

Fue enviado, para su dictamen, a la Comisión de Asuntos Internacionales, y después de siete meses de discusión se dictaminó en diciembre del 2006, tras una acalorada sesión que terminó en la madrugada, con manifestaciones de protesta en las calles alrededor de la Asamblea Legislativa.

Varios diputados opuestos a la ratificación advirtieron que en el Plenario la discusión sería eterna y que ellos usarían todos los recursos reglamentarios disponibles para obstaculizar la aprobación. Ello llevó al Gobierno a tomar una decisión trascendental.

Consulta popular. Era necesario convocar un referéndum para que fuera el pueblo de Costa Rica el que decidiera el futuro del TLC. Esta decisión se tomó con base en dos firmes convicciones: en la Asamblea Legislativa las fuerzas del “no” no permitirián su aprobación y la polarización que existía en este tema aconsejaba que solo una decisión soberana y directa del pueblo sería respetada.

Por ello, en abril del 2007 se envió al Congreso el decreto ejecutivo convocando el referéndum, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Posteriormente, el TSE convocó para el 7 de octubre de ese año la celebración del primer referéndum en nuestro país, y el TLC se convirtió en el primer tratado de libre comercio en el mundo en ser aprobado mediante una consulta popular.

Un contexto similar. Hoy, a 14 meses de iniciado el gobierno, el presidente, Luis Guillermo Solís, tiene que tomar decisiones difíciles para enfrentar los principales problemas que aquejan a nuestro país. Uno de ellos es la precaria situación fiscal. Desde el 2002, todos los gobiernos han intentado aprobar reformas tributarias sin ningún éxito.

Este gobierno debe abocarse, de igual manera, a tomar las medidas para enfrentar el déficit fiscal que este año será cercano al 6% del PIB, con una deuda pública del Gobierno central cercana al 43% del PIB y una deuda total del sector público de alrededor del 60% del PIB.

El Gobierno sabe que tan solo para el pago de los intereses de la deuda se consume el 3% del PIB y que necesitamos endeudarnos cada año para amortizar la deuda ya contraída.

Es de conocimiento del Ejecutivo que las calificadoras de riesgo pueden bajar nuestra calificación en el segundo semestre de este año, con las consecuencias negativas que ello implica en materia de costo de la deuda, atracción de inversiones y, por ello, en generación de empleo.

El Gobierno también sabe que para resolver este problema no son suficientes los proyectos de ley que ha enviado al Congreso para combatir el contrabando y el fraude fiscal.

Decisiones pendientes. Para enfrentar el problema, son urgentes recursos frescos que deben provenir de dos nuevos proyectos: la reforma al impuesto sobre la renta y una nueva legislación del IVA. Sabe el Gobierno que estos nuevos ingresos no serán aprobados en la Asamblea Legislativa si antes no da señales claras de que va a atacar, de manera definitiva, el inflexible crecimiento del gasto público. Y, para ello, no son suficientes los recortes menores en los presupuestos públicos.

Es necesario atacar el problema en su raíz. Entre otras cosas, se debe promulgar una nueva Ley General de Empleo Público que –respetando derechos adquiridos– establezca para el futuro salarios nominales para todos los servidores públicos con base en el principio general de salarios iguales para trabajos iguales en todo el sector público.

Existen positivas experiencias tanto en la Contraloría General de la República como en el Banco Central de Costa Rica que podrían servir de guía para diseñar un modelo extensivo a todo el sector público.

La aprobación de este proyecto de ley no es fácil. Por el contrario, el proceso será lento y difícil. Los sindicatos del sector público organizarán paros, manifestaciones y huelgas para proteger sus privilegiados beneficios. Dentro de la Asamblea, los diputados afines a estos sindicatos harán uso de todos los recursos reglamentarios para evitar que se dictamine y que luego se apruebe un proyecto de esta naturaleza. Todo esto ya ha sido anunciado en el pacto Patria Justa, FA y una parte del PAC.

Estará el Gobierno en una encrucijada similar a la que estuvimos en el 2007 cuando el proyecto del TLC era bloqueado a pesar de la necesidad de aprobarlo.

Empleo público a referéndum. En ese contexto, el Gobierno debe pensar seriamente en la posibilidad de consultarle al pueblo costarricense si está de acuerdo o no en poner fin a la anarquía existente en materia de remuneración del empleo público, a salarios con pluses, anualidades, beneficios convencionales, exclusividades y un amplio etcétera que, en muchos casos, duplican, triplican y hasta cuadruplican el que recibe, por un trabajo similar, un trabajador en el sector privado. Una iniciativa de esta naturaleza por parte del Poder Ejecutivo será una buena señal para el sector productivo local, para los inversionistas y calificadores externos y tenderá puentes a las fuerzas políticas de oposición para conocer otros asuntos de la agenda nacional cuyo abordaje eficiente le urge a Costa Rica.

En definitiva, el Gobierno debería considerar seriamente convocar de inmediato un referéndum y someter este tema a la decisión del pueblo costarricense. Si el Gobierno toma esta decisión, sea cual fuere el resultado de dicha consulta, entonces los partidos políticos que hoy controlan el Directorio legislativo y que forman una sólida mayoría, deberían comprometerse a aprobar la reforma fiscal que necesita el país.

Rodrigo Arias Sánchez es abogado.