EscucharA pocos días de la celebración, el 3 de mayo, del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y a escasos días del inicio de una nueva Administración, es momento propicio para recordar que el libre acceso a la información pública es un medio para que los ciudadanos, en un sistema democrático representativo y participativo, puedan ejercer sus derechos políticos.
El discurso del presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el pasado 8 de mayo, nos llena de esperanza y nos fija una ruta para el fortalecimiento de la transparencia mediante el uso de las tecnologías. La Sala Constitucional, en reiteradas resoluciones, ha insistido en que el Estado debe ser una “casa de cristal”, donde los administrados puedan conocer las decisiones, acciones y el uso de los recursos públicos.
El señor presidente ha comprendido que es indispensable, para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, y ha ordenado que las nuevas autoridades asuman directrices claras.
Recordamos que lo primero es indicar que lo ideal es una ley sobre acceso a información pública, mediante la cual se garantice, al menos, lo que ya la Sala Constitucional ha establecido por jurisprudencial, pero que no se quede en ello y avance en aspectos medulares.
Transparencia. No obstante y hasta que la ley sea una realidad, es necesario generar un clima de transparencia y rendición de cuentas, como lo ha anunciado el presidente Solís, exigiendo el cumplimiento del principio de máxima divulgación, que, entre otras cosas, obliga a los funcionarios públicos a proporcionar la información pública en los términos más amplios y sencillos posibles.
Es importante que se ordene que, en aquellos casos excepcionales que, conforme a la Constitución y las leyes, se deba negar la información, el funcionario lo haga justificando, pormenorizadamente, la decisión, y, en caso duda, se escoja la alternativa que más favorezca la entrega de la información.
Resulta esencial e indispensable que los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que el fin sea potenciar el derecho de acceso, de forma que aseguren la estricta aplicación del derecho y brinden los medios de asistencia necesarios a los ciudadanos, promoviendo una cultura de transparencia, de rendición de cuentas, y comprendiendo que el derecho de acceso a la información es la regla, y el secreto, la excepción. Ello implica la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa.
Las instituciones deben suministrar, por lo menos, la estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado; la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos –por ejemplo, la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la pensión, a la salud o a la educación–; la oferta de servicios, beneficios, subsidios o contratos de cualquier tipo; y el procedimiento para interponer quejas o consultas, si existiere, además de los acuerdos y decisiones para que el ciudadano pueda conocer las razones, opinar y ser un actor más en el ejercicio del poder. Dicha información debe ser oportuna, completa, comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada.
Asimismo, dado que sectores importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y, sin embargo, muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información sobre cómo hacerlos efectivos, el Estado debe encontrar formas eficaces para realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias y permitir un debate público sólido e informado que asegure la garantía de recursos efectivos contra los abusos gubernamentales y prevenga la corrupción.
Solo a través del acceso a la información bajo control del Estado, que sea de interés público, los ciudadanos pueden cuestionar, indagar y decidir si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas.
Por eso, una directriz en la línea señalada sería una buena señal.
