19 marzo, 2015

El elemento básico para la promoción del desarrollo profesional del trabajador lo constituyen los procesos de formación continua en los que participa.

Esta situación es especialmente significativa en el sector educativo, pues sus trabajadores –profesionales en educación– requieren de una actualización permanente en virtud de las constantes transformaciones de la sociedad, del currículum y de sus propias condiciones de desarrollo.

Tres actores principales se conjugan para ello. En primera instancia, el mismo profesional en educación, quien se dispone a cuestionar su práctica y por lo tanto a aprender formas diferentes de ejecutarla en beneficio de sus educandos. El segundo actor lo constituye el empleador, en este caso el Ministerio de Educación Pública, que hace una importante inversión para facilitar los espacios necesarios a sus trabajadores para acceder a procesos formativos, de acuerdo con las necesidades de mejoramiento que ha diagnosticado.

El tercer actor son aquellos agentes e instituciones sociales que están en capacidad de ofrecer los servicios educativos que requieren los trabajadores, tales como universidades y organizaciones no gubernamentales que han acumulado conocimiento y experiencia, y que, en algunos casos, introducen innovaciones en el sistema educativo.

‘Cursos al azar’. Por lo anterior, sorprende la posición de Patricia Badilla, directora del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) Uladislao Gámez Solano, quien, en una reciente entrevista publicada en La Nación (9/3/2015), se refirió a los mecanismos aplicados por dicho instituto en los últimos años para generar los espacios de formación continua que los profesionales en educación del país requieren para mantenerse actualizados.

De manera concreta, Badilla indicó que si bien ella apoya diagnósticos, pues serían un insumo importante para el IDP, no sería esta institución la encargada de aplicarlos. Si no es responsabilidad del empleador indagar sobre las necesidades de formación continua de sus trabajadores, ¿de quién es la responsabilidad?

Agrega que en el Plan 200 (momento en que el IDP solicitaba el apoyo de las universidades públicas para que ofrecieran los cursos de formación continua que se impartían a buena cantidad de educadores del país), “se ofrecían cursos al azar, donde el IDP solo firmaba facturas para impartir los cursos, pero no se trazaba meta alguna”. Entonces, desde las universidades nos preguntamos: ¿de dónde salían las listas de cursos que el IDP le solicitaba impartir al Conare anualmente, amparados en un convenio firmado por los jerarcas de ambas instancias, debidamente refrendado por la Contraloría General de la República?

Teníamos entendido que los resultados de 20 años de informes sobre las pruebas de bachillerato eran un insumo básico para la elaboración de esas listas.

También pensábamos que otros diagnósticos que se tomaban en cuenta eran los realizados desde cada Dirección Regional del país, o los resultados del Plan Nacional de Inglés y del examen de matemáticas aplicado a los profesores de esa asignatura, o el diagnóstico nacional de necesidades de actualización que el mismo IDP realizó en los años 2007 y 2008.

¿Será este el viraje de 180° que el IDP pretende dar, desconociendo de forma deliberada un esfuerzo de coordinación entre actores sociales interesados por el mejoramiento de la calidad educativa?

La autora es decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR).