20 mayo

El Tribunal Electoral Interno (TEI) del Partido Liberación Nacional (PLN) anuló la votación recibida en cinco juntas receptoras, luego de constatar que en tres de ellas hubo “anomalías” pero no dolo, y en dos mesas se presentó una “manipulación deliberada” de sufragios. En total, fueron anuladas 500 papeletas, aproximadamente el 0,1% de la votación total recibida en la convención liberacionista.

Si bien tales hechos han preocupado justificadamente a la ciudadanía, también es claro que las prácticas fraudulentas detectadas no se ajustan a la denuncia planteada por José María Figueres (el candidato derrotado), según quien en la convención del PLN habría habido un “chorreo de votos”.

Fraude. Las prácticas fraudulentas han acompañado a la democracia costarricense desde su origen, entre finales del siglo XIX e inicios del XX. Precisamente por esto, desde esa época los partidos políticos empezaron a desarrollar mecanismos para fiscalizarse mutuamente, es decir, para controlar el fraude.

A diferencia de otras prácticas irregulares, cuya denuncia se caracteriza por el subregistro (no todas las anomalías se denuncian), cualquier actividad sospechosa relacionada con las elecciones, por mínima que fuera, fue denunciada sistemáticamente por los partidos.

Como resultado de tal tendencia, la mayoría de las denuncias se referían a situaciones en las que no era claro que hubiera habido fraude (falta de firmas en un acta) más que a prácticas fraudulentas evidentes: que una persona sufragó más de una vez o que el día de las elecciones algunos muertos se levantaron de sus tumbas para ir a votar.

Tal fenómeno se presentó nuevamente en la pasada convención del PLN, ya que, según el TEI, recibió 346 reclamos, pero el 90% de esas quejas carecían de relevancia; en contraste, en las dos mesas anuladas por prácticas fraudulentas, “el padrón registro tenía gran parte de las hojas arrancadas intencionalmente”.

Beneficios. Para los partidos políticos, la denuncia de toda actividad sospechosa como fuente de un posible fraude electoral tenía sentido por varias razones. La primera y fundamental consistía en que si el reclamo tenía éxito, la anulación de los votos correspondientes podía modificar el resultado de los comicios.

En las elecciones municipales de San José de 1932, en las que el Partido Comunista de Costa Rica (PCCR) compitió por vez primera, una denuncia por irregularidades posibilitó que, tras anular los sufragios cuestionados, el PCCR ganara una segunda plaza de regidor propietario en la municipalidad josefina.

De esta manera, la denuncia del fraude electoral abría la posibilidad de readjudicar los puestos electivos en disputa, especialmente cuando las diferencias de votos entre el partido ganador y su inmediato seguidor eran muy pequeñas.

Racionalización. Independientemente de si la denuncia resultaba exitosa, para los partidos perdedores siempre tenía sentido denunciar cualquier irregularidad ocurrida durante los comicios como fraude electoral, ya que de esta manera podían racionalizar su derrota y deslegitimar la victoria de sus rivales.

Al enfatizar en que habían sido víctimas de prácticas fraudulentas, quienes resultaban derrotados en las urnas culpabilizaban a sus oponentes y evitaban asumir la responsabilidad que les podía caber por haber perdido (entre otros, por problemas de organización o de propaganda que no logró captar la simpatía de los votantes).

En una época en que no existían encuestas sobre las preferencias políticas del electorado, la práctica de racionalizar la derrota como producto del fraude electoral era bastante eficaz, ya que no se disponía de fuentes alternativas, previas a las elecciones, para confrontar esa racionalización.

Impacto. Aunque en prácticamente todas las elecciones habidas en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX hubo denuncias de fraude electoral, tales prácticas, con pocas excepciones (los comicios de 1906, 1923 y 1948), no impactaron en el resultado de las votaciones presidenciales.

No fue casual que ocurriera así, al menos por dos razones. Por un lado, las elecciones eran fiscalizadas no solo por los propios partidos contendientes, sino por una prensa activamente vigilante, que jugaba un papel de primer orden en un país con altos índices de alfabetización, tanto en las ciudades como en el mundo rural.

Por otro lado, la democracia misma jugó en contra del fraude electoral desde un inicio. Si bien pocas veces se reconoce, Costa Rica formó parte de lo que Samuel P. Huntington denominó la primera ola de democratización, un proceso que se extendió entre inicios del siglo XIX y comienzos del XX, como resultado del cual el sufragio masculino (en particular para los varones adultos blancos) tendió a universalizarse.

Hacia la primera década del siglo XX, prácticamente todos los varones adultos costarricenses estaban inscritos para votar, y la proporción de los que lo hacían era superior al 70%, dos indicadores que ubicaban a la Costa Rica de esa época a la par o incluso en una posición superior a países tradicionalmente asociados con el origen de la democracia moderna, como Estados Unidos e Inglaterra.

Dado que la tendencia incluyente de la inscripción electoral no fue limitada por la clase ni por la etnia de los votantes (aunque sí por el género, ya que las mujeres no podían votar), el padrón fue tan amplio desde un inicio que, para afectar el resultado de las votaciones presidenciales mediante el fraude, hubiera sido necesario realizarlo a tan gran escala que su misma implementación resultaba inviable.

A medida que la población aumentó y se incrementó el número de votantes, el tamaño creciente del electorado se convirtió en un limitante decisivo para el fraude. De hecho, al analizar el trámite dado a las denuncias correspondientes se constata que, efectivamente, hubo votos fraudulentos, pero su número era tan pequeño que no afectaba los resultados.

Corrosión. El fantasma del fraude electoral mantuvo una presencia relevante en la política costarricense hasta la reñida elección presidencial de 1966, cuando José Joaquín Trejos Fernández derrotó a Daniel Oduber por unos pocos miles de votos. Después de estos comicios, dejó de deambular por el país por algún tiempo.

Si bien falta investigar a fondo la problemática del fraude electoral en las elecciones internas de los partidos políticos, fue precisamente después de la convención del PLN de 1997 que Walter Coto, candidato derrotado por José Miguel Corrales, denunció la comisión de prácticas fraudulentas. Como resultado de sus denuncias el TEI, según un estudio de Hugo Picado León, anuló 29.611 votos de un total de 176.483 sufragios, casi el 17% de la votación total.

A partir de entonces, el fantasma del fraude electoral ha estado presente en los resultados de los comicios presidenciales del año 2006, del referéndum sobre el TLC efectuado en el 2007 y ahora de la convención del PLN.

Ciertamente, las investigaciones realizadas han demostrado que no hubo fraude o que, si lo hubo, no fue decisivo. Sin embargo, más allá de eso, las prácticas fraudulentas, aunque no afecten el resultado, tienen un efecto profundamente corrosivo en la credibilidad del sistema político y de la democracia misma. Tal corrosión acentúa el desencantamiento con la política que prevalece en la Costa Rica actual.

A este viejo conocido que es el fraude electoral se le debería, de una vez por todas, hacerle ver que no es bienvenido en la mesa de la política costarricense, pero por más puertas que se le cierran, siempre parece encontrar una ventana abierta por la cual regresa para reclamar su sitio entre los comensales.

El autor es historiador.