Hoy, 26 de junio, se conmemora nuevamente el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, con la visión puesta en un mundo libre de esta atroz práctica. Por tal razón, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) hace un llamado especial a que hagamos una reflexión sobre la realidad de las personas privadas de libertad en nuestro país, y la forma en que hemos abordado el problema de la delincuencia en nuestra sociedad.
El MNPT ha podido verificar la gravedad de la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en nuestro país y, en particular, el hacinamiento carcelario. Hoy, este indicador alcanza un promedio nacional aproximado al 54%, y en algunas cárceles es superior al 100%.
La sobrepoblación y el hacinamiento carcelarios en sí mismos son formas de malos tratos, pero si a esto se le suma una infraestructura mayoritariamente deficiente e insuficiente, un sistema de atención incapaz de atender a las personas internas, un sistema que cada día más padece del autogobierno carcelario, así como de otras formas ilegítimas de restricción y represión, no es en vano pensar que en Costa Rica ponemos en duda la protección de las personas en contra de la tortura.
Esto implica que existe una relación proporcional de que entre más personas se encuentren privadas de libertad, mayor es el riesgo de que sean sometidas a tortura u otros malos tratos.
Por ello, es motivo de vergüenza nacional el hecho de que Costa Rica, a escala mundial, es uno de los países que más encierra a su ciudadanía (tiene una tasa de 375 personas por cada 100.000 habitantes) y que su población penal juvenil se ha duplicado en los últimos cinco años.
Es cierto, se han buscado soluciones al problema de la sobrepoblación carcelaria, pero se debe ser franco en indicar que ni construir más cárceles, ni los brazaletes electrónicos, ni los traslados masivos de personas al programa semiinstitucional (nivel abierto), ni los indultos masivos pueden solucionar este problema; estas son solo medidas paliativas.
El MNPT sigue reiterando su visión respecto a que la verdadera solución de la sobrepoblación penitenciaria no se encuentra en egresar a las personas de la cárcel, sino en prevenir el encierro. Es decir, la esencia misma de la política criminal de Estado debe estar en la prevención del delito, no en la sanción. Por eso, ninguna de las acciones anteriores es la solución definitiva, ya que son acciones a posteriori . En este campo, el Estado tiene una gran deuda con la sociedad.
Parte de esa deuda nace de obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica en materia de derechos humanos, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, establece en el artículo 2.1: “Todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”.
La tortura, los malos tratos y en general las violaciones a los derechos humanos no deben ser luchas que se aborden después de que se haya ocasionado el daño, al contrario, debemos prevenir que ocurran. Si existe un compromiso en este sentido, es posible una Costa Rica sin tortura y malos tratos.
Róger Víquez GairaudPatricia Montero VillalobosEsteban Vargas Ramírez Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura