La eficiencia en la gestión de aduanas resulta vital para la facilitación del comercio, la competitividad y el desarrollo económico y social del país. La recaudación, producto de las operaciones del comercio internacional, también es de gran importancia por cuanto representa cerca de un 28% de los ingresos tributarios del Gobierno Central (sin el impuesto a los combustibles).
Por otra parte, el control aduanero, por medio del cumplimiento de las normas legales, protege la salud pública, el medio ambiente y el patrimonio cultural, y coadyuva en el control del tráfico ilegal de mercancías peligrosas, armas, drogas y especies, entre otros.
Recientemente, salió a la luz pública un informe de la Contraloría General que revela graves carencias en la infraestructura y el equipamiento de las aduanas y otras situaciones relacionadas con su gestión, las cuales propician condiciones que aumentan la posibilidad de fraude fiscal, corrupción y tráfico ilegal de mercancías.
Muchos de estos problemas existen desde hace muchos años sin solución integral y definitiva, a pesar de señalamientos hechos por organizaciones públicas y privadas, esfuerzos en materia regulatoria e informática y la reciente firma de un contrato de préstamo para el financiamiento de obras en las fronteras, que requiere aprobación legislativa.
Mal haríamos los costarricenses en mostrar indiferencia ante lo que acontece en ese laberinto de nuestro sistema aduanero, el cual incrementa la posibilidad de corrupción y evasión en vez de conducir al mejoramiento y bienestar de la colectividad.
Malas condiciones. El estudio demuestra que el estado de la infraestructura, con algunas excepciones, es deplorable, especialmente en aduanas fronterizas. Se presentan notables problemas de seguridad e insalubridad, hacinamiento, saturación de bodegas, limitada disponibilidad de horarios, lo cual puede permitir que mercancías se introduzcan al país en forma irregular. Algunas edificaciones presentan deterioro significativo, problemas de iluminación y no tienen un lugar apto para el resguardo y revisión de mercancías y pasajeros.
La mayoría de las aduanas carecen de equipos para el control de las actividades y mercancías, y no cuentan con cámaras de seguridad o vigilancia apropiada, así como tampoco con un centro de monitoreo o tecnologías para el seguimiento de las mercancías. No tienen escáneres o equipos de rayos X, estaciones de pesaje en buen estado ni agujas de control, entre otros.
A pesar de estas sensibles carencias, en los presupuestos ha existido alguna disponibilidad de recursos para la compra de bienes duraderos; sin embargo, los recursos se han ejecutado en porcentajes muy bajos (33% en promedio del 2011 al 2014).
Trabas y descontrol. Adicionalmente, se determinaron limitaciones a la facilitación del comercio. Por ejemplo, por motivos de control, algunas mercancías son objeto de revisión física por parte de la aduana, lo que debe realizarse en un plazo máximo de 48 horas, a partir de lo cual, y previo cumplimiento de requerimientos, se autoriza el levantamiento o retiro de mercancías.
En el estudio se determinó que, en promedio anual, aproximadamente en un 40% de los casos de revisión física de mercancías se autorizó al importador el retiro en un lapso mayor; un 25% de las veces superó las 96 horas y en un 15%, más de 120.
En cuanto al control de mercancías y recaudación se determinó que, a pesar de los volúmenes y tiempos de duración de las revisiones documentales y físicas, el impacto en la recaudación tributaria es poco significativo.
Asimismo, fueron descubiertas brechas entre los volúmenes de varias partidas de importaciones registradas en aduanas y la información de cuentas nacionales, que generaron una diferencia importante en la recaudación potencial de dichas partidas, lo cual debe ser valorado por la administración.
Portillo para la corrupción. El país merece y demanda un sistema aduanero fortalecido, que permita no solo el control necesario para atender sus funciones, sino también que posibilite la recaudación de ingresos y evite la corrupción.
Es inexplicable, por ejemplo, que los escáneres, fruto de una donación internacional, nunca hayan sido habilitados para su uso en las aduanas, como instrumento eficaz contra la corrupción.
Situaciones como estas conducen inequívocamente a dar por sentado que entre mayor desorden y descontrol, mayor posibilidad de evasión y corrupción, estado de cosas que, a la postre, resulta conveniente para los corruptos, públicos y privados.
Un sistema aduanero debilitado implica, por tanto, alejarse de la posibilidad de alcanzar los mayores niveles de desarrollo que el país necesita. Por ello, debemos poner cuidadosa atención al laberinto de conveniencias que parecen caracterizar al sistema aduanero.
De lo anterior se desprende la urgencia de que las autoridades hacendarias y aduaneras emprendan las acciones necesarias para corregir tales situaciones, para lo cual la Contraloría General giró disposiciones a las que dará seguimiento.
No es hora de excusas, es hora de actuar firmemente y sin más dilación.
La autora es contralora general de la República.