28 abril, 2014

La muerte de Brandon –niño de 11 meses, víctima de agresiones brutales, vejaciones y torturas– es un hecho muy doloroso que pone en evidencia que, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, estos no son suficientes para brindar la protección a los niños y adolescentes en riesgo y vulnerabilidad. Es una muerte que llama a la revisión de todo el Estado costarricense y de los ciudadanos en general.

Desde el 2007, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha brindado atención a las hermanas de Brandon, de 6, 5 y 4 años, que están declaradas judicialmente en abandono, y que en este momento permanecen bajo la protección de una tía materna y un recurso comunal. Esto, debido a la condición de indigencia y adicción de la madre, y a la ausencia de un padre. La tía reportó el embarazo del cuarto hijo, pero, debido a inestabilidad domiciliar de la madre, no fue posible localizarla.

Si bien la coordinación interinstitucional determina la obligación del centro hospitalario de referir el nacimiento de niños bajo esta situación de riesgo, el PANI no tiene evidencia de ello. El Hospital Nacional de Niños (HNN) atendió a Brandon el 4 de abril del 2014 en Ortopedia, donde detectaron un trauma en el húmero izquierdo, enviaron medicamentos y una próxima cita. El niño regresó con su progenitora. De toda esta situación, el PANI no tuvo conocimiento.

A don Martin Hernández, taxista que denunció el caso, le reconocemos su sensibilidad y valoramos la actitud protectora para con Brandon. Su denuncia se atendió el mismo día, se fue a la cuartería junto con la Fuerza Pública, y el dueño del lugar indicó que la familia se había trasladado de domicilio, situación cuya responsabilidad penal será determinada por el Ministerio Público ante la denuncia interpuesta por el PANI el 15 de abril.

Investigación preliminar. Respecto al abordaje realizado por la institución, esta Presidencia Ejecutiva ordenó una investigación preliminar de índole disciplinaria, con el fin de determinar la posible responsabilidad de funcionarios en torno a esta situación.

Nada justifica la muerte de Brandon. Como institución, no evadimos la responsabilidad. Sin embargo, es un hecho real que la falta de recursos limita el actuar más expedito respecto a la demanda que tiene el Patronato Nacional de la Infancia.

En el 2013 se atendió a un total de 39.762 niños y adolescentes por diferentes situaciones violatorias de derechos, 2.927 por riesgo inminente y mayor vulnerabilidad, 727 por consumo de sustancias adictivas y, actualmente, brindamos protección a 8.000 personas menores de edad en albergues, hogares solidarios y organizaciones no gubernamentales.

La institución ha sido enfática en solicitar los recursos para dar una respuesta ágil, integral, y especializada. Cuando se recibió la denuncia sobre el riesgo en que estaba Brandon, un único equipo profesional estaba atendiendo seis denuncias por negligencia y cinco por maltrato físico.

Y, para atender a toda la población de personas menores de edad en el país, solamente hay 99 abogados, 131 trabajadores sociales y 97 psicólogos. Asimismo, la mayoría de las oficinas locales están integradas por un solo equipo profesional interdisciplinario que debe cumplir con una multiplicidad de funciones de diversa complejidad.

La historia de vida de Brandon refleja que las acciones de un ciudadano comprometido y de las instituciones públicas nunca serán suficientes ante la irresponsabilidad de padres y madres, la indiferencia de algunos funcionarios, la falta de recursos, la insensibilidad de la sociedad y la irresponsabilidad de medios de comunicación colectiva que, muchas veces, se limitan a la cobertura de un suceso y no a fomentar una cultura de respeto a los derechos, que es su función social.

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