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La trascendencia del PAI

Actualizado el 06 de marzo de 2017 a las 12:00 am

El PAI democratiza la economía, reparte riqueza, genera empleo y dinamiza el mercado

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El Movimiento Libertario presentó recientemente un proyecto de ley que pretende cerrar el Consejo Nacional de Producción, abrir el monopolio para la fabricación de alcohol etílico y vender la Fábrica Nacional de Licores.

Las implicaciones del proyecto son muchas, me referiré aquí solo a las relacionadas con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), cuya trascendencia va más allá de ser un simple suplidor de alimentos a las entidades estatales.

Los entes públicos que compran sus suministros mediante el CNP se eximen, al adquirirlos, del calvario que significarían las licitaciones. Actualmente, nos contratan directamente con gran economía procesal, lo cual representa miles de millones de colones anuales de ahorro para el Estado en recursos técnicos, administrativos y de tiempo.

Además, la entidad no queda dependiendo exclusivamente de un proveedor privado, pues el CNP alterna proveedores y asegura que cumplan los requerimientos, también queda libre de riesgos por indemnizaciones y controversias contractuales.

Competencia. Si se quitara al CNP, esa potestad legal salvaguardada en el TLC, de inmediato entrarían a regir todos los alcances de los tratados en compras públicas, que por rango tendrían jerarquía sobre cualquier ley, norma o decreto; entonces, pondríamos a competir a los pequeños productores locales con transnacionales y grandes consorcios nacionales por las compras del Estado, ya sea en Compra Red, Mer-link, Sicop o cualquier otra plataforma tecnológica. No se podrían establecer condiciones de prioridad.

Las corporaciones asfixiarían la competencia, licitarían con precios bajos y, una vez logrado el propósito, ajustarían los precios sin favorecer necesariamente al cliente, pero aplastando a la pequeña oferta local que, por economía de escala, no tendría capacidades comparativas.

Por eso, en el 2008, a pesar de encontrarse el país dividido por la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, los legisladores tuvieron la visión de ponerse de acuerdo en este tema (todas las fracciones excepto el Movimiento Libertario) y aprobaron por unanimidad la Ley 8700, que fortalecía al CNP para desarrollar esta función de proveer a los entes del Estado con productos procedentes de producción local y, prioritariamente, de micros, pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales. ¡Se convirtió en un proyecto del país!

Beneficio directo. De la forma como el CNP opera hoy este mecanismo, democratiza la economía, reparte riqueza, genera empleo y dinamiza el mercado local.

En el 2016, facturó más de ¢34.000 millones en productos agroalimentarios provenientes de 169 agroempresas, para proveer el mercado institucional, benefició así directamente a más de 35.000 personas pertenecientes a centros agrícolas cantonales, cooperativas, asociaciones de productores, productores independientes y otros.

Más del 90% de ese monto se distribuyó entre micros, pequeñas y medianas empresas agropecuarias y agroindustriales. Podemos decir que el PAI se ha convertido en su filosofía y misión, en un modelo en América Latina.

Bajo otra modalidad, esos más de ¢34.000 millones serían facturados por las grandes empresas locales y transnacionales, el Estado perdería un instrumento vital que le permite acudir al apoyo de los grupos más vulnerables de la economía nacional: los pequeños productores.

Ataques. Mientras el CNP maneje este programa, será sujeto de permanentes arremetidas. Irrita a muchos agentes económicos privados y a sus resguardos políticos que tales negocios estén en manos del Estado. Muchos sectores los añoran como jugoso negocio para acaparar.

En resumen, se pretende eliminar este modelo de inversión solidaria del Estado, en que los recursos económicos que invierten las instituciones públicas en adquirir suministros alimenticios son garantía de comercialización de la producción local, arropando así a los grupos más vulnerables en una economía abierta.

El PAI es un vivo ejemplo del cumplimiento del sagrado principio que postula el artículo 50 de nuestra Constitución Política: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.

El autor es gerente general del CNP.

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