EscucharLa intención anunciada por el Gobierno en abril pasado, de contar para inicios del 2014 con un sistema nacional de compras públicas sobre una plataforma 100% electrónica, ha sido, desde el punto de vista de la transparencia estatal, un gran acierto de la actual administración.
Por muchos años, hemos visto proliferar sistemas de compras públicas en diversas instituciones, con disímiles grados de eficiencia y alcance, pero caracterizados todos por el patrón común de no considerar la transparencia como uno de sus objetivos, ni el derecho de los ciudadanos a tener acceso real y oportuno a esa información pública tan importante: recordemos que el Estado, como un todo, adquiere cada año bienes y servicios que alcanzan el 20% del PIB nacional.
La decisión de escoger como base la plataforma de compras públicas que administra Gobierno Digital, conocida como Mer-link, y que funciona ya en distintas instituciones autónomas y municipalidades, refuerza el criterio de solo un sistema 100% electrónico puede proveer al Gobierno Central de la transparencia que anhelamos los ciudadanos.
Un verdadero sistema electrónico. Para lograr que la compra pública sea una vitrina a donde podamos asomarnos todos: ciudadanos, instituciones, proveedores, periodistas y órganos de supervisión y control, para fiscalizar la adquisición de bienes y servicios con el dinero de nuestros impuestos, se requiere de tecnología que lo facilite.
Con ese fin, un modelo básico para compras electrónicas debe ser cero papel; estar autenticado por el uso de la firma digital; contar con un registro único de proveedores y utilizar un catálogo estandarizado de bienes y servicios; que evite la confusión de partidas o códigos de producto y permita la participación de todos los proveedores en igualdad de condiciones.
Pero, sobre todo, debe basarse en un expediente electrónico para el cartel y la oferta, con todos los requisitos integrados al proceso, que se manejen como datos y no como archivos adjuntos, que es distinto de fotocopiar un documento y subirlo como un archivo PDF a un página web.
Dicho expediente debe ser visible a todo lo largo del proceso (exceptuando, obviamente, la confidencialidad en la etapa de concurso), y permitir la trazabilidad, la gestión y el procesamiento de los datos, las métricas de intereses y la elaboración de estadísticas, con el fin de que los ciudadanos o las autoridades puedan saber fácilmente, qué compran las instituciones y a qué precio, o quién está vendiéndole al Estado y con qué condiciones, o en qué bienes y servicio se está gastando más, por ejemplo.
Beneficios reales .
Un sistema de compras públicas 100% electrónico, con el nivel de transparencia descrito, trae como resultado grandes beneficios: aumenta la cantidad de proveedores y sus posibilidades de participación, mejora la competencia, la eficiencia en los procesos de compra y adjudicación, y genera un ahorro directo por precios.
Curiosamente, tras el anuncio del Gobierno sobre la implementación de la plataforma electrónica única, han surgido objeciones a su adopción, por parte de funcionarios de una institución pública con alto volumen de compras, basadas en el pago del canon o peaje por uso de Mer-link; objeciones que carecen de una valoración integral de los beneficios del sistema, pues obvian de plano los ahorros que genera la automatización completa del proceso de compra.
Diversos estudios conocidos en nuestro país, realizados por el BID, Banco Mundial, ONU e INCAE -por citar algunos-, estiman entre 12 y 24 % los ahorros del sector público al adoptar un sistema de compras 100% electrónico, que facilita la utilización de figuras como convenios marco, remates electrónicos y subastas a la baja.
Aquí en Costa Rica, se informó en días pasados de que el ICAFE realizó la primera subasta electrónica inversa, utilizando Mer-link, para la compra de llantas para vehículos, que le generó ahorros del 20% con relación a los precios de mercado, lo cual convierte el peaje por uso de la plataforma de compras (0,65% sobre el monto adjudicado), en un gasto absolutamente marginal.
Pero sobre todo, los argumentos contrarios a la implementación del sistema electrónico de compras públicas soslayan su principal beneficio: el efecto que tendrá la transparencia sobre la eficiencia en la función pública, la eficacia del gasto y la reducción de la corrupción, que sí tiene costos muy altos.
Como condición indispensable en el ejercicio de la función pública, la transparencia no puede constreñirse a un asunto de costos o ni condicionarse con procedimientos burocráticos. La transparencia es un bien que no tiene precio, pero que resulta un buen negocio para el Gobierno y para los ciudadanos.
M. Sc. Xiomar Delgado Rojas, CPA, CISACoordinador TIC´s – Escuela de Administración de Negocios -UCR
